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Por Marcelino Pérez
La noticia de que el Ayuntamiento de Torrelavega (PRC-PSOE) ha devuelto al Gobierno de Cantabria 175.000 euros que iban destinados a ayudas sociales ha levantado críticas desde la derecha y la izquierda. Críticas injustificadas, porque lo que han hecho quienes gobiernen el municipio es lo correcto, invertir únicamente lo preciso y no malgastar el dinero que aportan los ciudadanos con sus impuestos.
Las ayudas sociales son no sólo necesarias, sino imprescindibles, pero a medida que España desarrolla su economía cada vez quedan menos personas sin trabajo y sin medios para subsistir. El salario mínimo vital, las ayudas de todo tipo, tanto públicas como privadas reducen el número de personas en exclusión social.
Quienes opinan que cuanto más se invierte en ayudas sociales es mejor se equivocan. Lo ideal es un país en el que nadie precise de ayudas sociales, porque hay trabajo y sistemas legales y fiscales que reparten bien la riqueza.
En ocasiones, el afán de los organismos públicos por consumir todo el presupuesto conduce a errores y despilfarro. Lo sucedido en Torrelavega es un indicio de que las cantidades destinadas a ayudas sociales están infladas y que con las nuevas leyes de salario mínimo vital y otras empiezan a sobrar otras formas de ayudas que más se parecen a la vieja caridad que a un buen sistema socialdemócrata eficiente y serio.
Es posible que se esté iniciando un camino erróneo: Mantener pobres ficticios para seguir con organismos que dejarán de tener sentido cuando España tenga una sociedad más justa. Con el crecimiento económico y las leyes de apoyo social se terminan los pobres. Algunos parecen dispuestos a crear nuevos mendigos para poder seguir sintiéndose bien al entregar bocadillos y mantas a los pobres.
