Por Luis G. Cobo
Una de las maniobras de los gobernantes, de derechas, izquierdas y centro, es aplicar el apagón informativo, a aquellos casos que indignan a la opinión pública. Tras un escándalo se oculta el presente para que no se puedan comprender realmente lo que sucede.
Un ejemplo reciente es el de la agresión a un alumno discapacitado del IES Torres Quevedo de Santander. Tras la decisión, incomprensible, aunque posiblemente legal, de mantener a los agresores en el mismo centro que la víctima entra en el caso la Fiscalía de Menores y pide que se aleje a los a niños que vejaron y golpearon al otro. Ninguna respuesta por parte de la Consejería de Educación y este lunes se reanudan las clases sin que se informe si se acepta o no la decisión de la fiscalía. Tampoco hay noticia de cómo se actuará en el futuro ni si los agresores recibirán algún castigo. El apagón informativo funciona para evitar que los cántabros extraigan conclusiones de la forma en que actúa el sistema.
Otro claro ejemplo es el de los dos hijos adoptados que mataron a su madre en Castro Urdiales. Nada se sabe de dónde están, si cumplen alguna pena, siguen en libertad… simplemente silencio.
Ese apagón informativo se aplica para muchos sucesos, robos, agresiones, etc. y ahora de forma especial para los problemas de convivencia que crecen en los centros escolares.
Es necesario exigir a las autoridades que mantengan abierta la información y se pueda saber la evolución de los hechos. Conocer si determinados delincuentes siguen en prisión, si cumplieron su pena y, sobre todo, cual es final de asuntos que han despertado alarma social. El apagón informativo es una agresión a la democracia.
