El expresidente José Luis Rodríguez Zapatero fue advertido por un chivatazo procedente del entorno judicial de la Audiencia Nacional de que la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) estaba investigando a la compañía aérea Plus Ultra, según desvela el digital Vozpópuli.
Este chivatazo pudo pudo haber llegado al empresario Julio Martínez, amigo del expresidente del Gobierno, investigado por este caso, días antes de que se registrara la sede de la aerolínea y se practicasen las correspondientes detenciones, permitiéndoles borrar mensajes y correos electrónicos.
‘Julito’, como se conoce en su círculo más cercano a este empresario, se reunió con Zapatero casi 72 horas antes de ser detenido, el pasado 8 de diciembre en las inmediaciones de un restaurante situado en el Monte de El Pardo según informó ‘El Debate’.
Durante esa cita pudo ser cuando Zapatero utilizó el chivatazo judicial próximo a la Audiencia Nacional para advertir a ‘Julito’ que la compañía, que recibió 53 millones de euros de dinero público para ser rescatada durante el COVID, estaba siendo investigada por un presunto delito de blanqueo de capitales.
El fiscal jefe Anticorrupción, Alejandro Luzón, ordenó a los agentes de la Policía Nacional encargados de la investigación que no informaran a sus superiores sobre los avances que fuesen obteniendo en relación con el presunto blanqueo de capitales y fraude en la aerolínea ya que en un primer momento, se sospechó de que el origen de la filtración se encontraba en el entorno la cúpula policial. La intención era que se lo reportasen directamente a él y ‘encapsular’ así la investigación.
Aunque actualmente la causa en la que también están investigados el CEO de Plus Ultra, Roberto Rosell, y su presidente, también llamado Julio Martínez, se encuentra bajo el paraguas del Juzgado de Instrucción número 15 de Madrid, el asunto recayó inicialmente en la Audiencia Nacional hace justo un año, a raíz de una denuncia presentada por la Fiscalía Anticorrupción.
El Ministerio Público sostuvo que la aerolínea había hecho un «uso indebido» de los 53 millones de euros que recibió por concesión del Consejo de Ministros en marzo de 2021 y que lo empleó para blanquear fondos de Venezuela a través de Francia, Suiza y España. «La sociedad Plus Ultra figura como firmante y beneficiaria de unos contratos de préstamos con tres sociedades de la organización criminal, implicadas en las ventas de oro», rezaba el escrito.
Según la Fiscalía, los fondos ilícitos procederían de presuntos actos de malversación cometidos por funcionarios públicos en Venezuela por importes “muy elevados”. En concreto, apuntan a desvíos de fondos públicos pertenecientes a los programas de los Comités Locales de Abastecimiento y Producción (CLAP), puestos en marcha por el Gobierno para distribuir alimentos básicos subsidiados, y a operaciones vinculadas a la “venta de oro del Banco de Venezuela.
Pero la Audiencia Nacional rechazó la denuncia por falta de competencia y señaló que el órgano competente para investigar el asunto era el Juzgado de Instrucción número 15 de Madrid, el mismo que años antes había analizado el rescate de la compañía. Cabe recordar que aquella causa fue finalmente archivada debido a un error en los plazos de prórroga de la instrucción.
