La vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, se ha mostrado contraria a bajar los impuestos porque «una bajada generalizada de impuestos en un contexto de guerra no es adecuada porque los servicios públicos se sostienen con ingresos públicos», pero si ha defendido la necesidad de congelar los precios de los alquileres ante la escalada del IPC, así como la implantación de un impuesto extraordinario a las eléctricas, tal y como propone Unidas Podemos.

Díaz, ha afirmado que el escenario que ha abierto la guerra y la subida de los precios de la energía y del IPC es «complejo» y tendrá un impacto «significativo» en la economía y en el empleo.

«Esta guerra es de largo recorrido y es probable que el impacto sea significativo. La subida de los precios de la energía y la inflación contagia a toda la economía. Será un impacto fuerte en la economía y en el empleo, pero no tenemos datos a día de hoy de la afectación del empleo», ha indicado la Vicepresidenta.

La ministra ha defendido las propuestas de Podemos de congelar el precio del alquiler y de instaurar un impuesto extraordinario a las eléctricas para ayudar a paliar las consecuencias sociales y económicas de esta nueva crisis que se ha abierto con la invasión rusa de Ucrania, y ha advertido de una rebaja generalizada como la que propugna el PP es «inadecuada» en un contexto de guerra.

«El PP siempre da la misma receta para cualquier situación: bajada generalizada de los impuestos. Yo ayer estuve reunida con 60 economistas y el consenso es que una bajada generalizada de impuestos en un contexto de guerra no es adecuada porque los servicios públicos se sostienen con ingresos públicos», ha subrayado.

Así, ha señalado que, con esta propuesta de los ‘populares’, lo que se plantea es «o demediar el Estado de Bienestar o incrementar el déficit y la deuda pública».

Por ello, «echa de menos» que el PP «no ponga la mirada» en los beneficios de las empresas cotizadas, que en 2021 ganaron 64.000 millones de euros, una cifra «histórica».

«En este contexto de crisis tienen que redistribuirse esos beneficios. Las tres grandes eléctricas incrementaron un 47% sus beneficios antes de impuestos en 2021, con 10.022 millones de euros, y tienen que contribuir a esta crisis», ha defendido la vicepresidenta segunda.