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jueves, octubre 6, 2022

Vox recurre el decreto que niega el 25% del castellano en los colegios catalanes ante el Constitucional

Los de Santiago Abascal presentan un recurso de inconstitucionalidad contra el decreto aprobado por la Generalidad que evita la sentencia judicial que blindaba el castellano en las aulas

Vox ha presentado un recurso ante el Tribunal Constitucional (TC) contra el decreto aprobado por la Generalidad de Cataluña que pretende incumplir la sentencia judicial que aseguraba, como mínimo, un 25% de horas lectivas en castellano en las aulas de los centros escolares catalanes.

Una denuncia de los de Abascal, que se suma a las ya presentadas por las familias que habían logrado una cuota mínima de castellano en las aulas a las que acuden sus hijos y que, ahora, gracias a la nueva normativa autonómica, ven cómo se les retiran sus derechos, ante el silencio del Gobierno de Pedro Sánchez.

El decreto que aprobó la Generalitat establece que el catalán es vehicular y dispone que el uso del castellano quede determinado por los centros educativos en sus proyectos lingüísticos, de acuerdo con la situación sociolingüística del entorno y de esta forma se carga de un plumazo el asunto de los porcentajes.

Ante esta situación, el propio Tribunal Superior de Justicia de Cataluña reconoció que ambas normas «determinan la imposibilidad legal» de ejecutar la sentencia del 25% y, al igual que ha hecho Vox, planteó dudas sobre su constitucionalidad al TC.

Vox consideran que el decreto, que se aprobó el pasado 30 de junio, supone un «escudo jurídico» que el Departamento de Enseñanza catalán «trata de ofrecer a los colegios» para «incumplir» con la sentencia dictada por el TSJC.

«Una vez más, el gobierno catalán permite que se sigan pisoteando los derechos y las libertades del conjunto de los catalanes expulsando el español de las aulas», señalan desde la formaciónd e Abascal.

El propio presidente de Vox, Santiago Abascal, y líder en Cataluña, Ignacio Garriga, han sido los encargados de presentar el recurso este miércoles ante el TC, acompañados de la responsable de los servicios jurídicos, Marta Castro, y del secretario general, Javier Ortega Smith, entre otros diputados. 

Un despliegue de miembros del partido que sirve para situar a Vox como el «verdadero defensor de los ciudadanos españoles y sus libertades» frente a un Partido Popular y un PSOE que se han convertido, ha acusado, en los «mayordomos del separatismo».

Los fundamentos del recurso presentado por Vox, el uso de la figura del Real Decreto por parte de las autoridades catalanas es «inadecuado» puesto que «no existe una extraordinaria y urgente necesidad«.

La formación de Abascal, entiende que un gobierno autonómico no puede dictar un decreto ley que afecte a «los derechos, deberes y libertades contemplados en el título I de la Constitución», como es el caso del derecho a al educación, una normativa del Gobierno catalán «viola» la delimitación de competencias entre la Constitución y los Estatutos de Autonomía.

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