Vox ha registrado una querella ante el Tribunal Supremo contra la ministra de Igualdad, Irene Montero, por un presunto delito de corrupción de menores tras sus palabras en el Congreso de los Diputados, al hablar de la sexualidad y los niños, al considera que no pueden ser amparadas por bajo la libertad de expresión.

La formación de Santiago Abascal considera que son un «escándalo», al entender quela ministra de Igualdad «aseguró que los menores podían mantener relaciones sexuales con adultos», algo que suponer un delito de corrupción de menores, amparado por el artículo 183 del Código Penal, y ha pedido al Tribunal Supremo que la llame a declarar.

La responsable jurídica de Vox, Marta Castro, ha señalado que «no pueden ser amparadas por la libertad de expresión de un cargo público y de relevancia como es, ya que, además de diputada, es miembro del Gobierno como ministra de Igualdad y sus declaraciones constituyen una acción típica, antijurídica y culpable«.

«Cualquier conducta lasciva con menores de 16 años es delictiva, dada la falta de madurez para el consentimiento, por entender, ex lege, que este se encontraría viciado», es algo que establecido el propio legislador, según Castro.

Vox entiende que las palabras de Irene Montero exceden «en mucho» las expresiones de carácter político, porque «ni la ignorancia ni la intencionalidad podrán excluir en este caso que las palabras empleadas y el mensaje lanzado por la ministra son constitutivas de delito«, indica en el escrito presentado en el Supremo.

Remarcando además la «irresponsabilidad» de hacer estas declaraciones en el Congreso, que ve como «una herramienta de difusión extraordinaria. «Es un delito de mera actividad en el que se implica al menor en un acto de naturaleza sexual», explica Castro.