Vox, ha pedido al Congreso de los Diputados que ponga el freno a los decretos ley con los que está gobernando Pedro Sánchez y todo su Gobierno, al considerar que los está haciendo una utilización «fraudulenta» de este mecanismo para aprobar leyes, calificándolo como una «pésima y antidemocrática técnica legislativa».

Pedro Sánchez y su Gobierno en coalición con Unidas Podemos, están batiendo todos los records en cuanto a decretos ley se refiere situándose como el primero en la lista de todos los presidentes desde que volvió la democracia a España, con 64 decretos ley, por los 44 de Mariano Rajoy, los 44 de José María Aznar, los 31 de Zapatero o los 23 de Felipe González.

Ante esta situación, el líder de VOX, Santiago Abascal, han registrado una proposición no de ley, para que la Cámara inste al Ejecutivo a desistir de ese «uso abusivo» del decreto ley y a devolverle su función originaria que no es otra que recurrir a él únicamente «en circunstancias de extraordinaria y urgente necesidad» como así está establecido.

La formación de Abascal, recrimina a Sánchez que «pervierta» este instrumento legislativo para modificar leyes que no requieren, de ninguna reforma urgente como por ejemplo nombrar a Pablo Iglesias, a la Ejecutiva del Centro Nacional de Inteligencia aprovechando los decretos ley con medidas sociales y económicas por la pandemia.

Acusan al Gobierno de Sánchez de la «banalización» de esta herramienta al utilizarla para modificar el Código Civil en materia de patria potestad o para asuntos menores como por ejemplo a modificación de la plantilla presupuestaria de la Orquesta Nacional.

Por eso VOX pide al Poder Legislativo que se pronuncie en contra de esta pésima y antidemocrática técnica legislativa» que «subvierte la Constitución» y vacía de competencias al Legislativo y que puede acabar siendo «absorbido» por el Ejecutivo.

«Una nación que se precie no puede tolerar una anormalidad institucional implantada en su Estado de Derecho a causa de la mala praxis de los Gobiernos» señalan desde VOX indicando además que si el Congreso no se pronuncia expresamente contra este abuso se convertirá en «cómplice» del actual Gobierno en «el ejercicio fraudulento de los mecanismos constitucionales del Estado».