El Consejo de Ministros ha remitido ayer al Congreso de los Diputados el proyecto de ley de los presupuestos generales del Estado (PGE) para el 2021, unas cuentas según el Gobierno, “excepcionales”, que han logrado consensuar entre los socios del Ejecutivo (PSOE-U. Podemos) y que la ministra de Hacienda y portavoz del Gobierno, María Jesús Montero, ya lleva días negociando con los partidos políticos más propensos a apoyarlas, como son sus socios de investidura..
La ministra Montero, aseguró que estos Presupuestos llegan al Parlamento con los apoyos suficientes, porque contienen unas políticas claramente «expansivas» para tratar de salir cuanto antes de la crisis ocasionada por el coronavirus.
El gasto público alcanza niveles nunca antes alcanzados al dispararse en términos consolidados un 20%, apoyado en parte por los primeros 27.000 millones de los fondos europeos de recuperación por el COVID-19, mientras que el Ejecutivo prevé unos ingresos tributarios también récord, según sus cuentas, con subidas en el IRPF, impuesto de sociedades, la imposición del «dieselazo», la tasa que va a imponer a las bebidas azucaradas y otras nuevas figuras de fiscalidad verde, como la del impuesto al los plásticos.
Hacienda quiere recaudar el próximo año en total 222.000 millones de euros. Y todo ello, después de que el Gobierno estime que este año el avance de la pandemia deje la recaudación tributaria en 197.500 millones de euros. Con todo esto confían en que los ingresos fiscales aumentarán un 13% gracias al rebote del PIB, tras el desplome de este año, y las nuevas medidas fiscales que quieren implantar a los ciudadanos.
Uno de los puntos «estrella» de estos presupuestos es la subida del el IRPF para las rentas que superan los 300.000 euros anuales, en dos puntos más y el ahorro de más de 200.000 euros, tres puntos más que los actuales, para ser más progresivo. Montero, recalcó que afectará “apenas” a 36.000 contribuyentes, el 0,17% del total.
Con ello, esperan conseguir 144 millones en el 2021. Ese mismo argumento utilizó para el incremento en el impuesto de sociedades para grupos empresariales que facturan más de 40 millones de euros, al limitar al 95% la exención sobre dividendos y plusvalías de las filiales. Según Hacienda, aumentará la tributación de 1.700 grandes compañías de nuestro país.
Uno de los puntos reseñables es el famoso «dieselazo» donde el Gobierno también ha vuelto a reabrir la polémica con impuesto al diésel, en lo que ellos llaman dentro su estrategia de avanzar en la transición ecológica. Una medida, que no afecta a los profesionales del transporte, supondrá que un consumidor medio deberá pagar 3,50 euros más al mes en función de los kilómetros y el uso que haga el vehículo.
Otro aspectos que también tendrán sus impuestos son los planes de pensiones, bajando la cantidad máxima desgravable o la subida del tipo del IVA del 10% al 21% para las bebidas azucaradas y edulcoradas, así como un aumento del impuesto sobre las primas de seguros cuyo tipo, no ha variado desde finales de los noventa, según remarcó la Ministra.
Por último, Montero, indicaba que los cambios “puntuales” tributarios introducidos en las cuentas del próximo año buscan mejorar la progresividad, aumentando la presión sobre las rentas más altas y las empresas de mayor tamaño, añadiendo además que la reforma fiscal “en profundidad, para ir acercándonos a la media europea” se aplicará una vez se haya superado la crisis sanitaria generada por la Covid-19 en nuestro país.
