El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, se empieza a ver acorralado por las informaciones que van saliendo en los medios de comunicación sobre la presunta corrupción de su mujer, que están teniendo su incidencia en los juzgados, con la imputación de Begoña Gómez, y por ello ha presentado este miércoles en el Congreso de los Diputados una ley que permita bloquear su financiación, en lo que ha venido en llamar su «plan de regeneración democrática», es decir las medidas contra los medios de comunicación y libertad de expresión con el fin de controlar a las informaciones que se divulgan.
Esta nueva ley contra los medios de comunicación les obligará a a publicar quiénes son sus accionistas, cuáles son sus fuentes de financiación y qué cifras de audiencia tienen con base en una medición «honesta», según Sánchez, y en la que se incluye un paquete de ayudas por valor de 100 millones de euros para la digitalización de los medios de comunicación, se supone que afines.
El plan de regeneración democrática de Sánchez, tendrá tres líneas: propuestas para el Poder Ejecutivo, otras para el Legislativo y finalmente una serie de medidas para los medios de comunicación, que resumió en tres líneas principales basándose en el Reglamento Europeo, que según el es de obligado cumplimiento ahora.
«Los ciudadanos deben conocer las fuentes de financiación de los medios de comunicación, el nombre de sus accionistas y las cifras de audiencia de forma honesta para evitar fraudes en la inversión publicitaria por parte de gobiernos de nuestra democracia mediante el uso, por ejemplo, de ‘bots’ o de ‘clickbaits’», ha señalado el Presidente del Gobierno.
Sánchez tiene claro que haya que «limitar la financiación de las administraciones públicas que puedan dedicar a los medios de comunicación para que no haya medios que tengan más financiadores públicos que lectores y para asegurar que no haya partidos políticos que compren líneas editoriales con el dinero de todos los contribuyentes».
