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sábado, julio 24, 2021

Un juzgado de Madrid suspende el rescate de 34 millones de la aerolínea venezolana «Plus Ultra»

Corresponde al segundo tramo de la ayuda del Gobierno español y le pide que en cinco días acredite que necesita el dinero para pagar a acreedores

La titular del Juzgado de Instrucción Número 15 de Madrid, Esperanza Collazos, ha ordenado suspender la entrega a Plus Ultra de los 34 millones de euros que forman parte del rescate a la aerolínea y que se debían desembolsar el 28 de julio, para que la empresa acredite que realmente necesita este préstamo para pagar a acreedores.

En su auto señala que «el desembolso de la cantidad de 34.000.000 de euros, como préstamo participativo prevista para el día 28 de julio, dentro de un plan de viabilidad para la empresa Plus Ultra, debe ser justificada, habida cuenta de la existencia de este procedimiento» judicial.

La jueza entiende que continuar con esta inyección de dinero en el plazo previsto arriesgándose a «una entrega no justificada» supondría «un menoscabo patrimonial importante sin posibilidad de restauración a una situación anterior».

«La teoría general de las medidas cautelares en el ámbito de delitos contra el patrimonio en un sentido amplio de peligro o urgencia de su necesidad, peligro en la mora y el ‘fumus bonis iuris’ son aquí de aplicación, teniendo siempre un carácter provisional», indica la jueza.

La magistrada ha dado cinco días a la compañía aérea para que «acredite la necesidad de entrega del préstamo para el pago de acreedores», al mismo tiempo que ha advertido al Fondo de Apoyo a la Solvencia de Empresas Estratégicas (FASEE), gestionado por la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), para que no haga el pago, avisando de que, en caso contrario, podrían derivarse responsabilidades criminales.

Hay que recordar que la SEPI, a través del FASEE, concedió «un apoyo financiero público temporal» a Plus Ultra, a petición de la propia aerolínea, que se estructuró en dos partes: un préstamo ordinario de 19 millones de euros con vencimiento a cinco años que ya se ha entregado, y un préstamos participativo de 34 millones a devolver en siete años, que estaba pendiente y ahora se ha suspendido.

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