Tres magistrados del Tribunal Constitucional, Enrique Arnaldo, Concepción Espejel y César Tolosa, han pedido este lunes al Pleno que dirige el socialista por Cándido Conde-Pumpido que paralice la tramitación de la ley de amnistía hasta que no se pronuncie el Tribunal de Justicia de la Unión Europa (TJUE).
Estos tres magistrados denominados del ala conservador han solicitado, amparándose en la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional, que se incluya en el orden del día del próximo Pleno un debate sobre la posibilidad de plantear una cuestión prejudicial al Tribunal de Luxemburgo o, en su caso, suspender la deliberación, votación y fallo del primer recurso de inconstitucionalidad hasta que el Tribunal Europeo se pronuncie sobre las cuestiones presentadas por órganos nacionales.
Estos tres magistrados consideran que la ley de amnistía vulnera el Derecho de la Unión Europea y que, por ello, debería pronunciarse el TJUE como máximo intérprete de dicho Derecho antes de debatirse en el Constitucional.
El borrador de la ley de amnistía que se está llevando con gran secretismo entre el presidente Conde-Pumpido, la vicepresidenta Inmaculada Montalbán-ponente de la sentencia- y 6 letrados adscritos a los magistrados denominados progresistas, estaba previsto llevarlo a Pleno para el próximo mes de junio, pero esta petición puede ralentizar el proceso.
La Corte de Garantías nombró a Montalbán -que fue vocal del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) propuesta por el PSOE- cuando decidieron recusar definitivamente al magistrado del ala conservador, José María Macías, que iba a ser el ponente inicial. En este debate tampoco estará el magistrado Juan Carlos Campo, el exministro de Justicia propuesto por Pedro Sánchez, que decidió abstenerse al haberse pronunciado anteriormente sobre esta medida de gracia.
La petición de apartar a dicho magistrado fue formulada por la Fiscalía alegando que, en su época como vocal del CGPJ, se había pronunciado en dos ocasiones en textos con “valor institucional” sobre la citada ley, lo que le contaminaría a la hora de participar en las deliberaciones. Ha sido apartado de los 16 recursos de inconstitucionalidad y 4 cuestiones de inconstitucionalidad de la ley de amnistía.
