Parecía que iba a ser un camino de rosas para Pedro Sánchez, y su Ley Amnistía hecha a medida de los independentistas catalanes y es especial para el líder Junts, Carles Puigdemont, y lo cierto es que se le está complicando tras el cerco judicial que se está produciendo sobre el expresidente de la Generalidad y prófugo de la justicia.
Las últimas informaciones judiciales, llevan a una trama relacionada entre Puigdemont y Rusia, en la trama del caso «Voloh» que se sigue en los juzgados catalanes que demuestra los vínculos del independentismo catalán con Vladimir Putin hasta que llevaría a un plan para expulsar a España de la UE.
El juez del caso, Joaquín Aguirre, que ha prorrogado seis meses más la investigación, señala que son muchos los indicios que acreditan los vínculos entre el independentismo catalán y Rusia, por lo que abre una investigación en esa línea y determinar la influencia del Kremlin en todo el proceso independentista, que lleva incluso a antes que Puigdemont abandonara la Generalidad de Cataluña.
Estos contactos «de alto nivel» fraguaron los vínculos de Cataluña con políticos de extrema derecha alemana o italiana para cuando se independizara de España. Como contraprestación, el independentismo catalán se comprometía a respaldar la estrategia del Gobierno ruso para desestabilizar la democracia y la Unión Europea (UE) a partir de lo que entonces era una hipotética invasión de Ucrania y su consiguiente limitación del gas ruso que debía llegar a Europa.
El gobierno ruso proporcionaría soporte «económico y militar» a Cataluña para conseguir su independencia, lo que daría lugar a consecuencias importantes para España como, podría ser su salida de la Unión Europea.
De confirmarse definitivamente, Puigdemont se podría enfrentar a un delito de traición, algo que no está contemplado en la Ley de Amnistía que quieren aprobar este martes.
A esto hay que añadir que el el juez de la Audiencia Nacional, Manuel García Castellón ha prorrogado al menos seis meses más la instrucción para definir claramente sus conclusiones en la instrucción de la causa penal contra Tsunami Democràtic, por un presunto delito de terrorismo en el que están imputados los prófugos Marta Rovira y Carles Puigdemont y una veintena de líderes separatistas catalanes.