Desde que se conoció que la empresa Ferrovial, va a cambiar su domicilio fiscal a Amsterdam, el presidente, Pedro Sánchez y todo su Gobierno, han iniciado una campaña contra la propia empresa y su propietario, Rafael del Pino, impropia de cualquier democracia que se precie.

Para el Presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, “la patria no es solo hacer patrimonio, es ser solidario, arrimar el hombro y ayudar cuando tu país lo necesita, estamos hablando de la tercera fortuna de España”.

La compañía explicó el miércoles que la decisión obedecía a la falta de “seguridad jurídica” en España, algo que no sentó nada bien el Gobierno, ya que Sánchez, cree que «los empresarios tienen una enorme responsabilidad social en la sociedad en la que nacen y desarrollan toda su acción, y que en España hay grandes ejemplos de empresarios comprometidos con su país, y tras este anuncio, creo que no es el caso del señor Del Pino«.

Para la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz «es una indignidad que una empresa española huya a otro país simplemente por razones fiscales», ha valorado la vicepresidenta segunda, que ha asegurado que «su aportación fiscal a las arcas públicas era bien pequeña».

Díaz, ha asegurado en Santander, que Ferrovial es un «mal ejemplo» en España y en el mundo y cree que «no solo critiquemos a Ferrovial, actuemos contra Ferrovial y las malas prácticas de Ferrovial» y ha abogado por «una reforma fiscal de los ingresos públicos en profundidad para que no haya privilegios fiscales» y que devuelvan «hasta el último dinero público recibido».

Mientras la ministra de Derechos Sociales y secretaria general de Podemos, Ione Belarra, dice que hay que «atar en corto» a Ferrovial y exigirle que «devuelva hasta el último euro que le dieron los españoles y las españolas».

Belarra ha calificado a Ferrovial de «empresa pirata» y ha puesto el foco en que «se ha llevado 1.000 millones de euros» en contratos públicos durante esta legislatura en España.

Por último, indicó que «vio como se nacionalizaban su salarios con los ERTES y les rescatamos con dineros de todos los españoles, y ahora decide llevarse su sede social fuera de España».