Pedro Sánchez se ha humillado ante el prófugo de Justicia española Carles Puigdemónt, de tal forma que ha firmado un documento de cuerdo para su investidura en el que literalmente ha vendido España al independentismo catalán cediendo a todas sus pretensiones incluida una amnistía que incluye desde el 9-N de 2014 de Artur Mas.
El documento firmado determina que se amnistiarán todos los hechos transcurridos desde la consulta del 9 de noviembre de 2014 que impulsó Artur Mas hasta el 2017, año en que el Govern de Puigdemont celebró un referéndum ilegal y declaró la independencia unilateral de Cataluña.
Un acuerdo que contempla la creación de comisiones de investigación en el Congreso en las que se determinará una de las exigencias clave de Puigdemont: si ha habido ‘lawfare’ o, lo que es lo mismo, lo tildan de persecución de la judicatura por su condición de independentistas, algo que abre la puerta a pedir «responsabilidades», en clara actuación contra los jueces y también a «modificaciones legislativas» para extender los efectos de la amnistía en el futuro.
El texto firmado apela a «desconfianzas» entre ambos socios y a «discrepancias» en la negociación que comenzó tras las elecciones generales del 23-J, abre la puerta a amnistiar, por primera vez en democracia, todas las causas que se han ido abriendo en los tribunales desde hace cerca de una década.
«La ley de amnistía, para procurar la plena normalidad política, institucional y social, como requisito imprescindible para abordar los retos del futuro inmediato. Esta ley debe incluir tanto a los responsables como a los ciudadanos que, antes y después de la consulta de 2014 y del referéndum de 2017, han sido objeto de decisiones o procesos judiciales vinculados a estos eventos», indica el acuerdo firmado por ambas partes.
Se abre la puerta a una comisión de investigación a tener en cuenta para delimitar la actuación de los Tribunales de Justicia.»Se tendrán en cuenta en la medida que pudieran derivarse situaciones comprendidas en el concepto lawfare o judicialización de la política, con las consecuencias que, en su caso, puedan dar lugar a acciones de responsabilidad», indica el texto.
Una amnistía que echará abajo, en primer lugar, la condena de dos años de inhabilitación que impuso el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña al expresidente catalán Artur Mas, a su exvicepresidenta Joana Ortega y a la que fuera consejera de Educación Irene Rigau. Así mismo decaen las multas impuestas por desobedecer al Tribunal Constitucional de hasta 36.500 euros, una condena que el Constitucional confirmó 2021.
También en el ámbito penal la ley de amnistía afectará a la condena que dictó el Tribunal Supremo en 2019 contra el líder de ERC, Oriol Junqueras, y otros 11 líderes más del procés. El Gobierno indultó a nueve de ellos (los penados con cárcel) pero al tratarse de un indulto parcial no se les retiró las inhabilitaciones. La amnistía podría borrar también esta parte de la pena.
El acuerdo supone también tumbar la causa pendiente en el alto tribunal contra Carles Puigdemont y sus exconsejeros huidos de la Justicia Toni Comín y Lluis Puig. El magistrado Pablo Llarena les procesó por delito de sedición pero tuvo que modificar su acusación después de que el Gobierno borrara este delito del Código Penal.
En la actualidad están pendientes de sentarse en el banquillo por desobediencia y malversación. A ellos se añade la recién imputada por terrorismo en la Audiencia Nacional, Marta Rovira, aunque en su caso solo afronta desobediencia. Lo mismo ocurre con la exconsejera y eurodiputada Clara Ponsatí, para quien la Fiscalía pidió a la Sala de lo Penal la apertura de juicio oral por este delito.
También se van a ver beneficiados los hombres de confianza de Oriol Junqueras en la Consejería de Economía de la Generalitat. El que fuera secretario general de Economía Josep María Jové y el exsecretario de Hacienda Lluís Salvadó tienen pendiente sentarse en el banquillo después de que el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) abriera juicio oral contra ellos por la organización del 1-O, para los que la Fiscalía pide siete años de cárcel para el primero y seis para el segundo.
Penalmente se beneficiarían de la amnistía la causa contra doce CDR acusados de terrorismo y a quienes la Audiencia Nacional acaba de abrir juicio oral, así como el caso de Tsunami Democràtic.
Además de las vías penales, la ley de amnistía borraría también la condena en 2018 del Tribunal de Cuentas a Artur Mas y los exconsejeros Francesc Homs e Irene Rigau. El máximo órgano fiscalizador concluyó que tenían que devolver 4,9 millones de euros utilizados indebidamente en la financiación de la consulta del 9 de noviembre de 2014.
A todos ello se añade la vista convocada para este próximo vienes 17 de noviembre en el Tribunal de Cuentas por los gastos millonarios del procés. En este caso la Fiscalía demandó a Mas, Puigdemont, Junqueras y otra treintena de exaltos cargos del gobierno catalán por el desvío de fondos para el 1-O y la Declaración Unilateral de Independencia (DUI).
El acuerdo lleva también a tumbar también los casos de ‘lawfare’, entendido como la persecución de jueces a los líderes independentistas, podría abrir la puerta a terminar con algunas causas abiertas contra el entorno del independentismo, entre ellas la abierto contra el abogado de Puigdemont, Gonzalo Boye, en la Audiencia Nacional por presunto blanqueo de capitales o la condena del TSJ catalán a la presidenta de Junts, Laura Borràs, por prevaricación y falsedad documental. Estas causas quedarían a la espera de lo dictaminado por las comisiones de investigación a las que se alude en el acuerdo.
