Al Gobierno de Pedro Sánchez, le están cayendo por todos lados después de conocerse que de nuevo quiere cambiar la Ley para que el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), en funciones, pueda nombrar los dos magistrados que le corresponde al Tribunal Constitucional (TC) y a su vez el Ejecutivo, los dos de carácter progresistas que pueden nombrar ellos.

Una maniobra de Pedro Sánchez, que le serviría para cambiar la proporción de magistrados y de esta manera ser mayoría progresistas ante los nuevos decretos que tiene previsto aprobar que necesitará sean aprobados por el TC, hay que recordar que to de cuatro magistrados del TC caducó el pasado mes de junio.

El Ejecutivo ha tomado esta decisión, puesto que existe un debate jurídico sobre puede nombrar a sus dos vocales del TC, sin que el Consejo haga lo mismo con sus otros dos vocales: de ahí que reforma planteada por los socialistas persiga autorizar al Consejo a realizar esos nombramientos estando en funciones.

De primeras, el Gobierno no podía nombrar a sus magistrados si el CGPJ no nombraba a los suyos. Esta reforma modificaría el artículo 570 de la ley del Poder Judicial, un cambio que según los cálculos del Gobierno podría entrar en vigor el próximo julio.

EN CONTRA SOCIOS DE GOBIERNO, OPOSICION Y JUECES

La medida que quiere adoptar el Gobierno, le ha estallado en las manos ya que ni sus socios de Gobierno, Unidas Podemos, ni el Partido Popular, ni a las asociaciones de jueces, están de acuerdo con este nuevo cambio de la Ley, interesado por Sánchez, para poder controlar el TC.

Unidas Podemos se desmarca de la proposición de ley para propiciar la renovación del Tribunal Constitucional (TC), al ser una iniciativa «no acordada» con el espacio confederal y ser incompleta, dado que su postura es impulsar modificaciones para facilitar el relevo de todos los órganos constitucionales.

El socio de Gobierno de Sánchez ha mostrado su malestar porque la iniciativa es una decisión «unilateral» del PSOE porque no está pactada, además de garantizar que su firma y el nombre de su formación no figuran en el texto registrado.

El PP también ha mostrado su contrariedad a este nuevo cambio de la Ley, y así se ha manifestado su presidente Alberto Núñez Feijóo, que ha acusado a Pedro Sánchez de Pedro Sánchez, de «romper los puentes» para negociar el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) con la reforma «unilateral» que ha planteado para «controlar» el Tribunal Constitucional y de la que su partido se ha «enterado a través de los medios de comunicación».

Feijóo ha señalado que con el anterior cambio de la Ley, Sánchez «dejó sin competencias al órgano de los jueces y ahora como le interesa modificar el TC y cubrir las vacantes, le repone parte de las competencias que le había hurtado para controlar el Tribunal Constitucional«.

El Presidente del PP ha incidido que el Ejecutivo no «quiere» negociar la renovación del CGPJ, añadiendo que «o este Gobierno ya tiene un problema de soberbia instalado en su propia forma de proceder o simplemente tiene su propio proyecto político, que consiste en controlar instituciones y mantenerse en el Gobierno, que no en gobernar, y en un proyecto personal o personalista».

También las asociaciones de jueces han mostrado su oposición ha este cambio de la Ley, como es el caso de la Asociación Judicial Francisco de Vitoria (AJFV) han reprochado a los socialistas que propongan una reforma «a la carta» para devolver al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) su capacidad de proponer a dos magistrados para la renovación del Tribunal Constitucional y evitar así un bloqueo en el órgano de garantías.

Para María Jesús del Barco, presidenta de la Asociación Profesional de la Magistratura (APM), considera que la propuesta del PSOE «no aporta ninguna solución» a la situación de bloqueo que atraviesa la judicatura. «Nunca debieron quitarse las competencias al CGPJ, pero devolverlas solo para el caso del Tribunal Constitucional deja en evidencia qué idea tiene quien propone de lo que debe ser el Constitucional«.

La portavoz de Juezas y Jueces para la Democracia (JJpD), Ascensión Martín, ha asegurado que aunque desde la asociación son «muy respetuosos» con el poder legislativo, «quizás este no era el momento oportuno».

Por último, la vicepresidente de Foro Judicial Independiente (FJI) Cristina de Vicente, ha indicado que lo que pretende el PSOE es «deshacer una reforma» para permitir una «excepción», que el Consejo pueda proponer a dos magistrados del Constitucional, «que es lo que le interesa en este momento», porque se trata de «un intento más de controlar los nombramientos y hacerlos al interés del Gobierno».