Está claro que Pedro Sánchez y el PSOE, han puesto en marcha toda la maquinaria a funcionar contra el juez Juan Carlos Peinado, en este caso en la Fiscalía Provincial de Madrid, que ha decidido recurrir la citación como testigo al presidente del Gobierno, en la causa en la que investiga a su mujer, Begoña Gómez.

El Ministerio Público defiende que la diligencia acordada por el instructor de tomar declaración a Pedro Sánchez «no es necesaria para los fines de la investigación» y la posibilidad de que el presidente del Gobierno declare por escrito como establece el artículo 412,2, de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, ya que Sánchez por ser Presidente del Gobierno estaría exento de concurrir al llamamiento del juez, «pero no de declarar, pudiendo informar por escrito sobre los hechos de que tengan conocimiento por razón de su cargo».

La Fiscalía entiende que la incompatibilidad del objeto de investigación y la fórmula de declaración planteada por el instructor, responde más a «circunstancias accesorias de la grabación de imágenes del testigo en el Palacio de la Moncloa» que a justificar dicha decisión.

Destaca, el fiscal a errores en la redacción de artículos de la LECrim debidos a la premura con la que el juez ha dictado la resolución, algo que también se traduce en el poco tiempo existente entre la resolución del juez y la fecha marcada para la declaración de Sánchez lo que, a juicio del fiscal, dificulta la presentación y tramitación de recursos dicha decisión.

Ante esta situación, el Ministerio Fiscal pide al juez que reconsidere su decisión o, en su caso, de forma subsidiaria, permita la declaración del presidente del Gobierno por escrito y critica que haya elegido de nuevo la declaración por la vía «más invasiva y lesiva» en la esfera del interesado.

La Fiscalía insistir en que las diligencias que se siguen en el Juzgado de Instrucción Número 41 de Madrid responden a una «investigación prospectiva y carente de indicios». De esta forma, menciona el auto por el que la Audiencia Provincial de Madrid por el que sólo avala la investigación de los contratos concedidos al empresario Carlos Barrabés, la cual obra ya en poder de la Fiscalía Europea.

Acusa al juez Peinado de incurrir en una contradicción por cuanto que alega que se le ha citado como testigo y que no ha tenido conocimiento de los hechos a través de su cargo y, sin embargo, se trata de hechos que sí están vinculados con su ejercicio como líder del Ejecutivo.

«Por tanto, hay actuaciones conocidas y desarrolladas en el marco de la función de presidente del Gobierno. Si se fuera coherente con lo manifestado, y aun mostrándonos radicalmente en contra de la diligencia, y su consideración como útil, necesaria y pertinente, se permitiría una declaración escrita», señala el Ministerio Fiscal.