El presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, ha puesto a la Fiscalía al servicio de Carles Puigdemont, que ha anunciado que recurrirá en septiembre el auto del Tribunal Constitucional de inadmitir el recurso de amparo presentado por el expresidente de la Generalitat.
Horas después de conocerse esta decisión del Tribunal Constitucional, la Fiscalía anunciaba que recurrirá el auto y forzar así el debate en el Pleno, que, precisamente, cuenta con mayoría de magistrados de izquierda tras la renovación del pasado enero llevada a cabo por las presiones de Sánchez.
la Sala de Vacaciones del Constitucional (que es la que se conforma en los tribunales durante el período en que interrumpen su actividad ordinaria), tomó la decisión de rechazar el recurso de amparo presentado por Puigdemont, formado por una mayoría conservadora hasta que se reanude el curso en septiembre momento en el que volverá a contar con mayoría de jueces de izquierda desde el pasado mes de enero.
La inadmisión del recurso de amparo de Puigdemont contó con dos votos a favor, los de los magistrados del ala conservadora, César Tolosa y Concepción Espejel, y con el voto en contra de Laura Díez, del ala izquierdista progresista.
Precisamente Laura Díez, hay que recordar que fue ex alto cargo en La Moncloa, corredactora de la polémica ley de la Generalitat contra la sentencia del Supremo que impone el 25 % de las clases en español, y fue una de las magistradas elegidas por Sánchez para la renovación a medida del TC, como el exministro de Justicia Juan Carlos Campo.
Por su parte César Tolosa y Espejel, consideraron que al ser la de los abogados de Puigdemont una petición de una medida cautelarísima, urgía resolverlo, mientras que, Laura Díez era partidaria de que no se resolviera sin el Pleno al entender que no era urgente la decisión sobre la suspensión de esas medidas cautelarísimas y que, en su caso, el recurso de amparo debió ser admitido.
El Ministerio Fiscal presentará un recurso de súplica, al considerar que no había una urgencia que llevase a la Sala de Vacaciones a resolver la petición de Puigdemont de suspender la orden de detención dictada por el Alto Tribunal. La Fiscalía Público cree que no era una cuestión que requiriese que se resolviera fuera del Pleno del Constitucional que, cabe volver a subrayar, cuenta con una mayoría izquierdista, a diferencia de la Sala de Vacaciones.
Una decisión que viene a la par de la necesidad que tiene Pedro Sánchez de contar con los votos del partido de Carles Puigdemont, Junts, para poder ser investido de nuevo como Presidente del Gobierno, tras constituirse las Cortes el próximo 17 de agosto.