El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha sido expedientado por la Junta Electoral Central (JEC) al considerar que rompió la neutralidad y realizó propaganda electoral el pasado 30 de junio, en la rueda de prensa ofrecida desde la sede oficial de la Representación Permanente de la Unión Europea (REPER) tras la reunión del Consejo Europeo.
Según la JEC, «se estaría quebrantando el principio de neutralidad institucional» del artículo 103.1 de la Constitución y del artículo 50.2 de la Ley electoral, por lo que insta al Presidente a que dicte las instrucciones oportunas para que durante lo que resta de período electoral las manifestaciones valorativas indicadas permanezcan retiradas de las páginas y cuentas institucionales que Presidencia del Gobierno tiene en Internet y en sus redes sociales.
Además advierten a Sánchez que «en futuros actos institucionales extreme su diligencia para evitar vulnerar el principio de neutralidad que los poderes públicos están obligados a respetar durante el proceso electoral».
De esta forma la JEC, estima parcialmente el recurso que interpuso el PP al considerar que Sánchez también hizo apreciaciones valorativas referidas a presuntos logros en materia económica y laboral encaminados a promover «una valoración favorable de la gestión del Gobierno».
Y es que el líder socialista en la rueda de prensa posterior al Consejo Europeo indicó que algunos líderes europeos con los que ha hablado están «sorprendidos con la involución» de España tras los pactos PP-Vox.
Insistía Sánchez en su manifestación que «el PP está gobernando con la ultraderecha y pactando con ella. Es un recorte obsceno de los derechos a cambio de votos. Quitar una bandera LGTBI de una fachada de una institución pública es quitar derechos. No es solamente quitar una bandera, es no reconocer unos derechos que están reconocidos por ley y que, además, están consagrados en nuestra constitución. Y eso merece el reproche más rotundo».
«Esta Junta ya ha señalado que ha de quedar bien claro que en España los altos cargos de las Administraciones Públicas están al servicio de todos los españoles y que, por consiguiente, está absolutamente prohibido el uso partidista en beneficio de una determinada facción política, de los recursos institucionales que tienen asignados» apuntaba la JEC.