El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha alegado hoy que el Gobierno «no conoce y no decide sobre las decisiones operativas del CNI» para dejar claro así que desconocía el espionaje llevado a cabo sobre los líderes independentistas catalanes, en su comparecencia en el Congreso de los Diputados.
Sánchez, ha mostrado también las «dudas razonables» de la metodología del informe de «The Citizen Lab», que señala al espionaje de 65 independentistas, limitándolo a solo 18 y señalando que la gran mayoría de las intervenciones «lo han sido por actores desconocidos completamente ajenos a la administración española, como fueron igualmente infectados los teléfonos de los miembros del Gobierno».
Además ha vuelto a defendido su apuesta por el diálogo en Cataluña y a ofrecer a la Generalitat la continuidad de este en la Mesa de Diálogo, justificando que los servicios secretos las llevaran a cabo tras la crisis que supusieron, entre el 2015 y 2020, el procés, la declaración de independencia y los sabotajes como consecuencia de la sentencia del Tribunal Supremo contra los líderes independentistas.
«La crisis supuso una enorme preocupación para la seguridad nacional, de ahí que los servicios propusieran la intervención y el juez la aceptara», ha precisado Sánchez.
Ha justificado que «el Gobierno no conoce y no decide sobre las decisiones operativas del CNI». Añadiendo que esto pudo ocurrir con otro gobierno, pero «jamás», ha recalcado, con el suyo. «Les garantizo que no pasará», ha dicho Pedro Sánchez justificando esta afirmación en que es la esencia de la democracia y también la limitación del poder Ejecutivo y del «sometimiento a la más estricta legalidad».
Para el Presidente del Ejeucutivo español esos momentos tan «duros y traumáticos» que vivió la sociedad catalana y española «son tiempos pasados», que no es que el conflicto de Cataluña esté superado –«nada más lejos de la realidad», ha exclamado- porque queda mucho por delante, pero se ha mostrado convencido de que su Gobierno ha devuelto el asunto «al territorio del que nunca debió salir», poniendo en valor su apuesta por el diálogo que comprometió en su discurso de investidura y por la mesa de negociación abierta con Cataluña.
Por último se ha comprometido con lo que es un «principio democrático constitucional fundamental», que cualquier persona que haya sido intervenida su comunicación, sin la preceptiva autorización judicial, «ha sido víctima de un delito y tiene el derecho y toda la solidaridad del Gobierno de España para averiguar la verdad y restablecer sus derechos fundamentales».