La Fiscalía Anticorrupción, ha punto en el punto al que fuera el Presidente del Comité Técnico de Árbitros, el cántabro, Victoriano Sánchez Arminio, al pedir a la Audiencia Nacional que le impute en el caso de «Barsagate», al ser el jefe de Enriquez Negreria, en aquella época.

Así lo informa el diario vozpopuli, quien señala que el Ministerio Fiscal respalda al ente para que, en el marco del conocido como ‘caso Soule’, se cite como investigado al que fuera jefe de José María Enríquez Negreira por el presunto desvío de 8 millones de euros que la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) tenía destinados para gastos arbitrales.

Es uno de los últimos pronunciamientos de la Fiscalía Anticorrupción, en el marco de esta causa que se sigue en la Audiencia Nacional contra el expresidente de la RFEF, Ángel María Villar y decenas de imputados por presunta corrupción en la Federación, y es que la fiscalía estima parcialmente la batería de diligencias que ha solicitado LFP, que preside Javier Tebas y que se ha presentado como acusación particular.

Y es que La Liga, solicitó al juez que imputara a la RFEF tras adherirse a la causa un informe de la Intervención General de la Administración del Estado (IGAE) sobre un presunto desvío de 8 millones de euros que en un principio iban para viajes, alojamientos y dietas de los árbitros.

Según ese informe, la RFEF, de Luis Rubiales debería explicar «los motivos» que llevaron a que desde 2009 a 2017 se destinaran parte de los fondos aportados por La Liga «a fines distintos de los previstos en los convenios de coordinación».

La Liga, quiere que que cinco años después de que pusiera en marcha el caso Soule, se cite como imputados al presidente del Comité Técnico de Árbitros (CTA) Victoriano Sánchez Arminio; al exsecretario del CTA Raúl Massó y también a Ángel María Villar, quien ya figura como uno de los principales investigados.

Tanto Sánchez Arminio como Raúl Massó declararon como testigos el año pasado por las partidas que recibieron los árbitros de la Federación de Fútbol con fondos de La Liga y LFP, busca que sean implicados penalmente por el asunto, algo que ha descartado el juez que lo investiga, al estar muy avanzada la investigado y no querer abrir esa vía sin indicios claros contra ellos.

La Liga ha recurrido el auto del juez ante la Sala de lo Penal y en su camino se une ahora la Fiscalía Anticorrupción, aunque solo en lo que respecta a la imputación de Sánchez Arminio y Massó y en la nueva citación de Villar, porque para el Ministerio Público, es «indudable» que las declaraciones propuestas guardan relación con los hechos.

Para la Fiscalía, los señalados tenían responsabilidad directa en los convenios de coordinación suscritos entre La Liga y la Federación de Fútbol y que no puede emplearse el argumento de que las citaciones son «tardías» porque con el avance de esta causa han aparecido «nuevos datos» y documental que pone en la diana a los cargos de la Federación que tuvieron responsabilidad en el control de los fondos.

Anticorrupción indica que una de estas obligaciones es que la aportación de dinero público debe ir destinada a «sufragar justamente» las derivadas del pago de los derechos de arbitraje en las competiciones de fútbol. De desviarse a otros fines, se necesitaría el visto bueno previo del Consejo Superior de Deportes».

En este sentido, la Fiscalía, alude a que la partida de honorarios arbitrales excedía de los gastos contabilizados por la Federación en 7,9 millones de euros. Los peritos de este órgano de Hacienda especificaron que la diferencia de fondos no estaba justificada.

«La información bancaria aportada es insuficiente, inconcreta y no permite verificar los pagos a terceros de la RFEF», concluye la Fiscalía.