El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha anunciado que el Consejo de Ministros de este martes tiene previsto aprobar el Plan de Acción por la Democracia y contra los bulos, una herramienta con la que pretende controlar a los medios de comunicación, como así anticipó antes del verano y que espera que el Congreso de los Diputados, incluido el PP, apoye.

Así lo ha manifestado este lunes con motivo del arranque del nuevo curso político ante los diputados, senadores y europarlamentarios socialistas reunidos en el Congreso de los Diputados.

Según Sánchez este plan «emana» de la Constitución, «que defiende el derecho de los ciudadanos a una información veraz», y también de las medidas aprobadas por el Parlamento Europeo y por la propia Comisión Europea, por lo que dice que confía en contar con el apoyo de «todos los demócratas», porque «no se entendería que en Estrasburgo aprueben unas cosas y luego aquí, en el Congreso de los Diputados, voten en contra de esas mismas cuestiones», en clara referencia al grupo de Feijóo.

Para el Presidente del Gobierno este plan de acción ayudará a «dotar de más transparencia, más pluralidad y mayores garantías» al Congreso y al «ecosistema informativo» y hacer frente a la «desinformación» y la «máquina del fango» que asedian a nuestra democracia

El presidente del Gobierno, tomo esta decisión a raíz de las informaciones aparecidas en los medios de comunicación sobre su mujer, Begoña Gómez, que han propiciado las investigaciones judiciales y su imputación por tráfico de influencias y malversación y sobre su hermano David Sánchez.

Moncloa está especialmente preocupado por los medios locales desde que el PP se ha hecho con la mayoría de las autonomías y de los principales ayuntamientos del país, por lo que Plan de Regeneración sería una medida para controlar los ingresos institucionales que proviene de otras administraciones, a los medios de comunicación que no le son afines y así ganar influencia en la prensa local y regional.

Además reformará la Ley de Publicidad Institucional, ya que Sánchez cree que los ciudadanos deben poder conocer las fuentes de financiación de los medios, el nombre de sus accionistas y sus cifras de audiencia y limitar la financiación que las administraciones pueden dedicar a los medios para que no haya ninguno que tenga más financiadores públicos que lectores.

Lo que se pretende desde Moncloa es que los medios sean transparentes en cuanto a su accionariado, inversores y anunciantes y saber cuáles podrían ser sus intereses a la hora de influir en la línea editorial de un periódico, una emisora o una televisión. Además, los medios tendrán que detallar cuánta publicidad institucional reciben por parte de las Administraciones del país en el que opera, así como los ingresos provenientes de terceros países.

La Ley tiene que ser aprobada por el Congreso de los Diputados y lo cierto es que por ahora, carece de apoyos suficientes de partida para aprobar este propuesta contra los medios de comunicación