El expresidente de la Generalidad de Cataluña y líder de Junts, Carles Puigdemont ha denunciado ante el CGPJ a través de su abogado Gonzalo Boye, al magistrado del Tribunal Supremo Pablo Llarena por «la desatención y el retraso injustificado y reiterado» en la tramitación y resolución de los recursos, ante su decisión de no aplicarle la amnistía.
El juez Llarena rechazó el pasado 1 de julio perdonar el delito de malversación que atribuye a Puigdemont y a los exconsellers Toni Comín y Lluís Puig y acordó mantener vigentes las órdenes nacionales de detención, decisión que fue recurrida una semana más tarde por las defensas, la Abogacía del Estado y la Fiscalía.
Gonzalo Boye considera que el juez Llarena «ha incurrido en una infracción disciplinaria» por haberse «excedido con creces» e «incumplido reiteradamente» el plazo legal previsto en la Ley de Enjuiciamiento Criminal para la resolución de los recursos de reforma, que tiene que resolver el propio juez, a quien reprocha su «pasividad intencional».
Para Boye los recursos de reforma «debieron haberse resuelto hace más de un mes», durante la primera mitad del mes de julio, algo que no ha ocurrido «sin que parezca existir razón alguna que lo justifique».
«Las circunstancias resultan especialmente graves», para el abogado de Puigdemont, porque la Ley de Amnistía debe ser objeto de tramitación preferente y urgente, lo que afecta a los recursos presentados, más aun cuando las resoluciones del juez incluyen restricciones a la libertad de circulación de Puigdemont y del resto de procesados.
Ante esta situación acusa al magistrado del Supremo de «dilatar el acceso» de sus defendidos a la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo, que tiene que resolver los recursos de apelación, y al Tribunal Constitucional, a donde piensa acudir en amparo.
Incide Boye en «la inobservancia de los tiempos legalmente establecidos durante el ejercicio de las funciones o competencias judiciales» es considerada una falta grave, añadiendo que Llarena solicitó dejar sin efecto su licencia de vacaciones con «el anhelo notorio de supervisar la captura» de Puigdemont, lo que, «además de poner de manifiesto lo malicioso de la dilación», indica que «no existe razón justificada de ninguna clase para no resolver dentro del plazo legal» los recursos.
