Empiezan a llover en cascada las sentencias judiciales en contra de las medidas que están adoptando las Comunidades Autónomas de forma unánime. sobre todo las que se refiere a las de prohibir fumar en espacios públicos y ahora ya hasta el uso obligatorio de la mascarilla en cualquier espacio público, tras el auto que emitió ayer el Juzgado de Instrucción Nº 5 de Ciudad Real, que anulaba estas decisiones en la localidad Alcazar de San Juán, por parte de la Delegación Provincial de Sanidad.

Una decisión judicial que se suma a las ya conocidas de juzgados de Madrid, Aragón, Cataluña, Extremadura, Galicia o Castilla-León y se espera que más juzgados se sumen a estas decisiones de los políticos que se saltan la ley y la Constitución, para imponer obligaciones que no son de su competencias o que para imponerlas deben pasar por decretar estados de Alarma, Excepción o de Sitio, que tiene que autoriza el Parlamento español.

En su argumentación el Juez, establece que anula orden por «no reunir los requisitos mínimos de proporcionalidad y vulnerar de manera absoluta derechos fundamentales sin la debida justificación» señalando además que no acepta el uso obligatorio de mascarillas en cualquier espacio, incluyendo espacios cerrados privados y domicilios, y sin distinguir edad. Tampoco ratifica que no se permita salidas de residentes de centros sociosanitarios salvo razones de «fuerza mayor», ni al cierre cautelar de parques y jardines, ni la prohibición de fumar en terrazas «independientemente de la distancia» o la suspensión de las actividades colectivas de ocio por su carácter genérico e indeterminado.

Por eso extraña la soledad con la que se está quedando el Tribunal Superior de Justicia de Cantabria, que si autorizó las medidas prohibitorias que ha impuesto del Gobierno bipartito del PRC-PSOE, contraria a estas otras decisiones judiciales,al no se entiende muy bien los argumentos esgrimidos por el TSJC y que no aplique los mismos varemos que otros jueces.