Finalmente no ha aguantado la presión política, social y mediática, y Mónica Oltra ha presentado la dimisión de sus cargos tanto como vicepresidenta y portavoz del Gobierno de la Comunidad Valenciana, tras asegurar hace cinco días, tras ser imputada por supuestamente encubrir los abusos sexuales de su exmarido a una menor tutelada por la Generalitat, que no pensaba dimitir y que «la presión se aguanta».

A pesar de que el pasado sábado su partido, Compromís, montó una fiesta donde bailaron y cantaron por la imputación, la presión de su propio partido y de sus socios en el Ejecutivo han conducido a Oltra a anunciar su dimisión este martes a su llegada a la ejecutiva en la que se decidiría su futuro, señalando que “me voy con la cara bien alta y los dientes apretados”.

La vicepresidenta ha asegurado que «no quiere que se paren las políticas del Gobierno del Botànic» y ha considerado que el caso «pasará a la historia de la infamia», en una decisión que ha adoptado presumiblemente por la amenaza de una destitución por parte del presidente del Gobierno valenciano, Ximo Puig, si ella no dimitía y optaba por mantenerse en el cargo.

La Fiscalía le acusa de delitos de prevaricación, abandono de menores y omisión del deber de perseguir delitos y, aunque el tribunal señaló que «no existe prueba directa», los tres magistrados consideraron que Oltra debía comparecer como imputada ante la existencia de «indicios, que en principio hacen pensar que fueron orquestados» por la propia exvicepresidenta valenciana.