Ocho vocales del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) han calificado de «irresponsables» las declaraciones de Pedro Sánchez el pasado jueves tras la reunión de los líderes europeos en Bruselas, donde acusó a la «derecha política y judicial» de querer «atropellar la democracia». 

Los ocho magistrados de sector denominado conservador se han pronunciado tras una semana muy tensa por la reforma del Gobierno, que busca no solo derogar el delito de sedición, sino también rebajar la malversación, cambiar el sistema de elección de magistrados en el CGPJ y también retirar atribuciones del Constitucional.

«Los vocales del Consejo General del Poder Judicial que asumimos esta declaración consideramos irresponsable hacer ese tipo de aseveraciones, carentes de todo fundamento y más aún cuanto que supone transitar de la confrontación partidista a la deslegitimación de las instituciones ante la ciudadanía», señalan en el comunicado difundido este sábado, y además cargan contra las «descalificaciones» sobre el TC y el Poder Judicial vertidos por los portavoces parlamentarios.

Tras finalizar el Consejo Europeo el pasad jueves, Sánchez acusó a la «derecha y ultraderecha» por intentar llevar a cabo un «complot burdo» para frenar la votación de la reforma del Código Penal en el Congreso de los Diputados a través del Constitucional.

En la nota remitida, los ocho vocales del CGPJ, destacan el papel del Constitucional y de los tribunales de la Jurisdicción para contribuir «decisivamente a la consolidación de la Democracia, cumpliendo y haciendo cumplir la Constitución». «Por ello, la Comisión Europea Exige que, para espetar el Estado de derecho, los miembros de los gobiernos y parlamentos de los Estados de la Unión Europea deben ‘abstenerse de actuaciones y declaraciones públicas que puedan socavar la legitimidad del Tribunal Constitucional, el Tribunal Supremo, los órganos jurisdiccionales ordinarios, los jueces, individual o colectivamente, o del poder judicial en su conjunto'», han puntualizado.

Además, rechazan las «descalificaciones» del presidente del Gobierno y de los grupos parlamentarios, y hacen un llamamiento a una «convivencia regida por los valores de la concordia, la libertad y la seguridad jurídica, cuyo cumplimiento es especialmente exigible» a quienes desempeña «responsabilidades públicas».