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miércoles, diciembre 7, 2022

Nuevo revés a los PGE del Gobierno al reducir el IEE el crecimiento al 1,2% en el 2023 y señalarlos como «inflacionistas»

Avisan de un gasto público "desmesurado" y una "sobreestimación" de los ingresos que prevé el Ejecutivo de Sánchez

Nuevo revés a los Presupuestos Generales del Estado (PGE), del Gobierno de Pedro Sánchez, este caso del Instituto de Estudios Económicos (IEE) que prevé que la economía española crecerá un 1,2% en 2023, lo que supone casi un punto por debajo de la estimación del Gobierno que lo sitúa en 2,1%.

Además ha visado del «carácter inflacionista» de los Presupuestos Generales del Estado (PGE) del próximo año, con un gasto público «desmesurado» y una «sobreestimación» de los ingresos que prevé el Ejecutivo de Sánchez.

El presidente del IEE, Íñigo Fernández de Mesa, durante la presentación del ‘Informe de Opinión’ del IEE sobre los Presupuestos Generales del Estado para 2023, cree «que el año que viene el nivel de ingresos va a ser inferior y es probable que los gastos estén infravalorados».

El IEE, estima que el que el PIB durante el último trimestre de este año y el primero de 2023 se puede contraer, algo que llevaría al país a una situación de ‘recesión técnica’, para después rebotar, aunque «ello va a depender de que no se materialicen muchos de los riesgos que acechan a la economía española».

En las previsiones del Gobierno, incluidas en los PGE, la ratio de déficit público sobre PIB cerraría en el 5% del PIB este año, y en el 3,9% del PIB en 2023, unos niveles, según ha advertido el IEE, que están muy alejados de los estándares requeridos por la Comisión Europea sobre estabilidad presupuestaria estimada en el 3% del PIB y mucho más abultados que los registrados en 2019, a pesar de que se superan los niveles de PIB nominal prepandemia.

Por eso par ala IEE «la situación en términos de déficit estructural es aún peor, no solo por la magnitud del saldo (por encima del -4% del PIB), uno de los más elevados de toda la UE, sino porque se ha empeorado claramente respecto a los niveles precrisis».

En lo que se refiere al mercado laboral, la IEE, no descartan que en 2023 tenga un signo negativo si el crecimiento de la economía es menor del estimado por el Gobierno y si no se produce moderación de costes laborales, y en eso los PGE «no ayudan» ya que tiene establecido un 8,6% para las bases máximas de cotización.

Además, una «línea roja» para el IEE es indexar de forma generalizada los salarios al IPC porque «puede ser tremendamente dañino para la economía española» u «por ahí no vamos a ceder», señala su director.

«Estos presupuestos no consiguen aumentar el PIB potencial de la economía española y este dato creemos que es muy relevante», señala Fernández de Mesa, ya que considera que el impacto de los fondos ‘Next Generation EU’ durante el próximo ejercicio «va a ser muy poco».

Indexar las pensiones y sueldos de funcionarios al IPC afianza la inflación de la economía, y «ello traslada, no solo una necesidad de mayores ingresos futuros, sino que ejerce una mayor presión sobre la inflación a través de los efectos de segunda ronda y restan eficacia a las medidas adoptadas para la contención de los precios que están incluidas en estos PGE-2023».

Unos presupuestos que aumentan la presión fiscal sobre las empresas lo que tendrá una influencia en la economía española a medio-largo plazo, ya que el Impuesto sobre Sociedades (IS) y las cotizaciones sociales han pasado de un 10,3% en 2019 a un 10,7% en 2022 y llegará a una cifra superior al 11% para 2023, por encima de la media de la Unión Europea estimada en el 10%, con un porcentaje de contribución empresarial al total de ingresos se sitúa en un 34%, mientras que Europa lo estipula en el 24%.

INCONSTITUCIONALIDAD DE LOS PGE

La IEE, alerta de la posible inconstitucionalidad de los nuevos impuestos planteados por el Gobierno en los PGE, así como los nuevos impuestos temporales a la banca y energéticas vulneran varios principios de la Constitución por lo que esperan sean anulados.

Sobre el ‘impuesto de solidaridad sobre grandes fortunas’, que establece el Ejecutivo de Sánchez, en la IEE señalan que «probablemente el Impuesto se recurra y, transcurrido un tiempo, si se considera inconstitucional, el Estado esté obligado a la devolución de lo recaudado más intereses», porque el Impuesto sobre el Patrimonio no existe en ningún país de la UE, porque «es un impuesto potencialmente confiscatorio y no atiende a la capacidad económica real».

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