La Asociación de Militares Españoles (AME) ha pedido en un manifiesto la intervención de las Fuerzas Armadas «la destitución del Presidente del Gobierno y la convocatoria de elecciones generales«, un comunicado firmado por medio centenar de jefes y oficiales del Ejército ya retirados.

«Pedimos a los responsables de la defensa del ordenamiento constitucional, la destitución del Presidente del Gobierno y la convocatoria de elecciones generales», reza el manifiesto publicado en la página web de esta asociación.

No se detalla los nombres de los que firman este manifiesto que se trata de un «Grupo de Militares de distintos empleos, Armas y Cuerpos, todos en situación de retirado», que han elaborado dicho manifiesto «ante el deterioro de la situación política en relación con los valores de la Constitución, con absoluto desprecio de las Instituciones» y que apelan a los principios morales de la Defensa de la unidad territorial, del ordenamiento constitucional y de su soberanía e independencia.

Justifican esta medida a través del artículo 8.1 de la Constitución que, en relación a las Fuerzas Armadas, tiene la misión de «defender el ordenamiento constitucional», que ven en «grave peligro por la falta de independencia judicial».

Los firmantes aseguran estar «preocupados por el devenir de España», y denuncian el «acoso al Estado de Derecho al copar el poder Ejecutivo la mayoría de los órganos judiciales», lo que «anula la independencia del poder judicial y la separación de poderes».

Además señalan al Tribunal Constitucional, «compuesto parcialmente por magistrados que recientemente han detentado relevantes cargos políticos en el Poder Ejecutivo, lo que anula su neutralidad».

«La extralimitación de las funciones de este tribunal, asumiendo el papel corrector de las sentencias del Tribunal Supremo, función que no le corresponde al no estar integrado en el poder judicial». y sobre el presidente del Constitucional, Cándido Conde-Pumpido, hacen mención que también que «tiene antecedentes que no permiten la neutralidad de sus acciones».

La Fiscalía General del Estado también es objeto de mención en el comunicado por ser «proclive a la asunción permanente de los dictados del Poder Ejecutivo y en contra de su misión, que es la de promover la acción de la Justicia en defensa de la legalidad, de los derechos de los ciudadanos y del interés público tutelado por la ley, así como velar por la independencia de los tribunales y procurar ante estos la satisfacción del interés social».

En cuanto a los indultos, señalan que son «para los delincuentes del golpe de Estado de octubre de 2017», la supresión de la sedición y la reforma de la malversación «solamente por intereses político». Sobre la amnistía pactada por el Gobierno con los partidos independentistas aseguran que no tiene cabida en la Constitución.