Más de cinco de cada diez euros iran destinados a pensiones, prestaciones por desempleo, los gastos de personal funcionario, así como el pago de los intereses de la deuda suponen el 52,96% del gasto total contemplado en los Presupuestos Generales del Estado (PGE) para 2022, según consta en el proyecto remitido este miércoles por el Ministerio de Hacienda al Congreso de los Diputados.

Estas cuatro partidas suman un total de 243.074 millones de euros, lo que equivale al 52,96% de los 458.970 millones de euros de gastos presupuestados, siendo el mayor gasto del presupuesto será el de las pensiones, que concentrarán 171.165 millones de euros, un 4,8% más respecto al avance de liquidación del presente ejercicio, así como un 37,29% del gasto total. El gasto en esta partida se ha visto incrementado en un 74,64% desde 2008, cuando ascendía a 98.011 millones de euros.

Además, los PGE para 2022 incorporan incrementos para las pensiones contributivas y para las pensiones mínimas y no contributivas, que beneficiarán a un total de 10 millones de pensionistas. Para las primeras, se espera una subida por encima del 2%, tras la revalorización con el IPC, mientras que las mínimas y no contributivas se alzarán un 3%, de acuerdo con el proyecto de Presupuestos.

La partida de desempleo cuenta con una asignación de 22.457 millones de euros, un 10,2% menos, ante «la mejora del empleo y la reducción del paro», según explicó la ministra de Hacienda y Función Pública, María Jesús Montero, tras la aprobación de las cuentas públicas en un Consejo de Ministros extraordinario. Esto supone el 4,89% del gasto total.

Por lo que se refiere a la deuda pública, la partida vinculada a su coste asciende a 30.223 millones, un 4,7% menos, debido a la esperada reducción de la deuda (hasta el 115% del PIB) y del déficit (5% del PIB) para 2022. El coste de la deuda tiene un peso del 6,58% sobre el gasto total.

La cifra es casi el doble de la que suponían los intereses de la deuda en 2008 (15.265 millones), cuando la deuda pública no representaba más del 34,3% del PIB y ahora supera el 120% de la riqueza nacional, con unos gastos de personal suman 19.229 millones de euros, el 4,2% del gasto, en el que se incluye la subida del 2% del salario de los funcionarios planteado por el Gobierno para 2022.

En grandes áreas de gasto, el 54,1% de los Presupuestos corresponde a gasto social, el 29,1% a actuaciones de carácter general, el 11,4% a actuaciones de carácter económico y el 5,3% a servicios públicos básicos.

De entre las partidas destinadas al área de gasto social, se destaca el refuerzo de la protección de los más vulnerables para lo que se dotará con 4.436 millones de euros la partida destinada al pago del Ingreso Mínimo Vital y a las prestaciones familiares. Además, se incrementan en 48 millones las dotaciones para el Bono Social Térmico, hasta alcanzar los 157 millones de euros. Se trata de un aumento del 43,77% interanual y tendrá 1,27 millones de hogares beneficiarios.

CATALUÑA LA SEGUNDA QUE MÁS SE LLEVA

Cataluña será la segunda comunidad que más fondos se lleve para inversión, en total 2.230 millones de euros, un 6,1% más que en 2021. Por el contrario, la Comunidad de Madrid recibirá 1.151,56 millones de euros, un 8,4% menos que en 2021.

«Cataluña ha recibido en los cuatro años de Gobierno de Pedro Sánchez (2018-2022) un 37,4% más de fondos regionalizables que durante el Gobierno de Mariano Rajoy. Esto habla por sí solo de lo que pensamos y debería llevar a los partidos catalanes a mirar con mucho más interés este proyecto de Presupuestos Generales del Estado», ha defendido Montero.

El Estado aportará 233 millones de euros a Cataluña para «compensar las obligaciones de servicio público de cercanías y media distancia prestados en esa comunidad en el ejercicio 2020, que fueron transferidos a la comunidad autónoma desde el 1 de enero de 2010″.

Sólo hay cinco comunidades en las que crece esta partida: Galicia (dotada con 1.074 millones, un 29% más), Castilla-La Mancha (536,71 millones, un 25,8% más), Castilla y León (con 997,4 millones, un 15,9% más), la Región de Murcia (732,21 millones, un 15,6% más) y Cataluña (2.230 millones, un 6% más, así como también para las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla, un 30,7% y un 11,5% respectivamente, hasta los 31,8 millones y los 59,96 millones.

Con este nuevo reparto, Andalucía sigue siendo la autonomía con más proporción de fondos (un 17,4% del total, la misma cuota que el año pasado), seguida de Cataluña (que pasa de llevarse un 17,1% de la inversión total a un 17,2%). La Comunidad Valenciana es la cuarta que se llevará un 9,3% del total de la inversión, seguida de laComunidad Madrileña que lidera Isabel Díaz Ayuso, que se llevará un 8,9% del total.