Más de 2.500 jueces españoles, integrados en la Asociación Profesional de la Magistratura (APM), la asociación de jueces y magistrados Francisco de Vitoria (AJFV) y el Foro Judicial Independiente (FJI), han remitido un escrito a la vicepresidenta de la UE para Valores Y Transparencia, Vêra Jourová, y al Comisario Europeo de Didier Reynders, denunciando lo que consideran un «riesgo de violación grave» del Estado de Derecho en España, tras las últimas reformas legislativas llevadas a cabo por el Gobierno de Pedro Sánchez.
En el escrito remitido a Bruselas, solicitan a la Comisión Europea a adopción de medidas entre las que citan el inicio de procedimiento del artículo 7 del Tratado de la Unión Europea (TUE), que recoge la posibilidad de sancionar a un Estado miembro por violar valores básicos de la Unión Europea como son los derechos humanos o el imperio de la ley e implicar la pérdida de los derechos de voto en el Consejo Europeo.
Más concretamente solicitan a la Comisión Europea, que tome conocimiento de su escrito acerca de las reformas legislativas sobre «el apagón y desapoderamiento» del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), y su «colonización por los partidos políticos», que comprometen los nombramientos de altos cargos judiciales así como toda la actividad gubernativa sobre jueces (disciplinaria, promoción, formación), «y con ello su independencia e imparcialidad».
Y es que según exponen en su escrito esta situación pone en riesgo el Estado de Derecho, «lo que constituye un riesgo claro de violación grave por parte de España de los valores contemplados en el artículo 2 del Tratado de la Unión Europea y, por lo tanto, del propio Derecho de la Unión».
Piden a la Comisión, que en base a sus competencias, se inste al Gobierno de España para que aborde las reformas legislativas que resulten compatibles con las garantías que demanda el artículo
49 del Tratado, en los términos en que los viene interpretando el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE).
«En última instancia y de no subsanarse la situación denunciada» piden al organismo europeo que inicie el procedimiento previsto en el artículo 7 del Tratado de la Unión Europea, puesto que «la Comisión Europea, junto con otras instituciones de la Unión y sus Estados miembros es responsable, con arreglo a los Tratados, de garantizar el respeto del Estado de Derecho como valor fundamental de nuestra Unión y de velar por que se observen la legislación, los valores y los principios de la UE».
Por este motivo señalan que «después de 35 años, los riesgos previstos por el Tribunal Constitucional se han convertido en lamentables realidades. Puede afirmarse que el actual sistema de facto es contrario a la Constitución, y a las exigencias de las instituciones europeas» donde se establece que «las autoridades políticas no pueden intervenir en ningún momento del proceso en la elección de los vocales de procedencia judicial».
La recientemente aprobada «y que tiene como finalidad que el CGPJ no pueda realizar su función mas importante, que es la de nombrar a los altos cargos judiciales, cuando su mandato haya expirado» explican en su escrito, ya que la reforma legal suprime otras facultades del CGPJ que la asociaciones consideran esenciales, como la legitimación para promover conflictos de
competencias entre órganos constitucionales.
Es decir, según explican los jueces «reduce las funciones del CGPJ a aspectos meramente burocráticos, en detrimento de su función esencial: ser el garante de la
independencia judicial».
Concluye el escrito remitido a la Unión Europea que con esta situación «se trata de una ley de sometimiento del Poder Judicial a los partidos políticos que dominen en cada momento, lo que es el inicio del camino hacia el totalitarismo, el menoscabo de los derechos humanos y la corrupción«.
