Se le va a complicar la situación a la alcaldesa de Salobreña, María Eugenia Rufino (PSOE), tras la denuncia presentada por la candidata de Vox a la Junta de Andalucía, Macarena Olona, por la presunta comisión de delito electoral, de prevaricación administrativa y de vulneración de los derechos fundamentales, por querer apartarla de las elecciones andaluzas queriendo de forma irregular desempadronarla de la localidad granadina que rige.
Olona, presentaba la denuncia este lunes en la Comandancia de la Guardia Civil de Salobreña, en la costa de Granada, según ha informado Vox, por un supuesto delito de prevaricación administrativa (ex artículo 404 de la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal), y por supuesto delito electoral (ex artículo 139.7 de la Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, del Régimen Electoral General), con vulneración de los derechos fundamentales de la denunciante reconocidos en los artículos 19 y 23 de la Constitución española.
La candidata de Vox a la Junta de Andalucía, ha dejado claro que «no va a dejar sin respuesta las actuaciones caciquiles del Gobierno contra su persona y su formación política», para centrarse «a partir de ahora en los problemas que realmente interesan a los andaluces» y ha dejado constancia de «cómo se ha vulnerado la privacidad de Macarena Olona, a pesar de vivir con escolta permanente por encontrarse amenazada de muerte por su actividad política».
Además, el comunicado señala que la denunciada habría «utilizado torticeramente las instituciones y potestades públicas municipales, perjudicando gravemente la imagen, la honorabilidad y la candidatura de la denunciante«.
Incide en el escrito que se ha querido privar a Olona de un derecho fundamental, como sería el de voto, «reconocido en el artículo 23 de la Constitución española, dado que la baja en el padrón municipal comportaría la imposibilidad de participar con su voto en las próximas elecciones autonómicas andaluzas señaladas para el próximo 19 de junio de 2022».
Por último deja claro que «la alcaldesa denunciada no puede excusarse en el desconocimiento de la normativa aplicable a la regulación del empadronamiento, y protección de datos, que supone una flagrante infracción de normas de seguridad que pone en serio peligro la seguridad personal de la candidata».
