Los inspectores de de Hacienda del Estado se han mostrado en contra de la fiscalidad que pide Cataluña por se inconstitucional ya que una eventual independencia fiscal de catalana crearía una situación privilegiada que restaría recursos al resto de comunidades autónomas, algo que no contempla la Constitución española.
Para la presidenta de la asociación de inspectores de Hacienda del Estado, Ana de la Herrán, una eventual financiación fiscal singular para Cataluña «conculcaría los principios de igualdad, solidaridad y justicia».
«No tiene ninguna cobertura legal ni en la Constitución, ni en la Lofca (Ley Orgánica de Financiación de las Comunidades Autónomas) ni en las leyes de desarrollo», ha remarcado José María Peláez, vocal de la asociación.
De la Herrán cree que si, para salvar esta situación, se optara por reformar la Lofca para dar una «especialidad» a la financiación catalana constituiría «un fraude de ley», ya que daría un privilegio a una región del régimen común prohibido por la Constitución
Además, Peláez añade que tampoco la normativa catalana incorpora «ninguna especialidad que pueda amparar esta petición», ya que el Estatut está «en consonancia plena y total con la Constitución» en materia de financiación.
Tampoco tiene amparo constitucional una eventual traslación a la Generalitat de la gestión o recaudación de impuestos no cedidos a través de un consorcio entre el Estado y la comunidad autónoma, una figura que solo está prevista para casos concretos «cuando se crea conveniente y la naturaleza del tributo lo exija».
El documento presentado por Pere Aragonés reclama esta singularidad en la financiación catalana basada en un «agravio» que procede, en realidad, del retraso en la revisión del sistema de financiación, que afecta más a otras regiones como la Comunidad Valenciana, por lo que no es justificable, según los inspectores.
Una eventual independencia fiscal de Cataluña contravendría, además, el principio constitucional de no privilegiar unas regiones frente a otras, algo que ocurriría porque Cataluña estaría mejor financiada que las demás al duplicaría casi sus ingresos, al pasar de 25.600 millones a 52.000 millones, según cálculos de la Generalitat- y, eso les facilitaría prestar mejores servicios a los catalanes.
Si Cataluña, al quedarse con todos los impuestos de la región, dejara de dotar a los fondos de cohesión social del Estado «el resto de comunidades autónomas van a recibir menos» ingresos por esta vía, ha advertido Peláez, es decir, «van a estar peor financiados y recibir peores servicios públicos» ha concluido.