Diferentes expertos en Derecho Administrativo y Constitucional, se mostraban en desacuerdo con las actuales soluciones propuestas por el Gobierno, las cuáles se basan en dejar en manos de los tribunales, las decisiones relacionadas con la imposición o no de restricciones.

Bajo el punto de vista de los Juristas, es «impropio» que se responsabilice a esta institución judicial, con el objetivo de ceder responsabilidades, y poder privar al ciudadano de de sus derechos fundamentales.

El encuentro llevado a cabo en el Colegio de Abogados de Madrid (ICAM), se producía tras la aprobación del decreto-ley, el cual establece como objetivo, que el Tribunal Supremo, tras la finalización de este periodo de excepción, tome «la voz cantante» en la toma de decisiones.

Alberto Dorrego, presidente de la Sección de Derecho Administrativo y Alfonso Cuenca, letrado de las Cortes Generales, trasladaban la existencia de una «posible insuficiencia» de esta norma, suponiendo por lo tanto, que el TS no estaría apto para desempeñar dichas funciones.

Dorrego, además incidía en que «el Poder Judicial es reactivo, no proactivo», por lo que «los tribunales no deberían estar en decisiones de validar cuestiones que afectan a una pluralidad indeterminada de personas», estableciendo como ejemplo el cierre perimetral.

Por su parte, Cuenca lamentaba que en el momento en el que el finalice el estado de alarma, serán los jueces quienes controlen las medidas, en vez de expertos sanitarios, convirtiéndose así en «copartícipes» de este conflicto.

Cabe recordar, que con esta aprobación, las comunidades autónomas podrían recurrir al Tribunal Supremo, las medidas aprobadas o no por el Tribunal de Justicia. Este dispondría de 5 días para dar respuesta a las propuestas y establecer una veredicto .