El informe conocido este jueves de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, señala directamente a La Moncloa como eje de donde partió la filtración del correo del novio de Ayuso, con la implicación del Fiscal General de Estado, Álvaro García Ortiz.
La UCO, tras analizar los mensajes del terminal del exlíder socialista madrileño Juan Lobato, señala directamente a parte del círculo de confianza de la Presidencia, al indicar en su informe que «De ese email tendrían conocimiento, antes de ser publicado en ningún medio, al menos: el ex secretario general del PSM, la directora del Gabinete del jefe del Gabinete de Presidencia del Gobierno; el ex secretario de Estado de Comunicación; la directora de comunicación de la ministra de Vivienda y el ex director de comunicación del PSOE y actual secretario de Estado de Comunicación».
Esto apunta a que el juez del Tribunal Supremo que investiga la causa solicite el contenido de los teléfonos de Pilar Sánchez Acera, la ex jefa de Gabinete del ex jefe de Gabinete de Pedro Sánchez, y sea imputada, y del actual ministro, Óscar López y seguramente los nombres señalados en su informe por la UCO son también susceptibles, próximamente, de hipotéticos requerimientos judiciales.
Lo más anecdótico de estas investigaciones dela UCO es que el teléfono del fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz Cabe contenía «cero mensajes» incriminatorios ya que se habían borrado, pero los mensajes de Whatsapp que Lobato intercambió con Sánchez Acera, recogidos en el informe de la UCO, esta le remitió el documento secreto que se filtró desde la Fiscalía y le presionó para que lo utilizara políticamente en la Asamblea contra Ayuso. Lobato se negó al preguntarse cuál era el origen del documento. Pero Sánchez Acera le dijo que le llegó porque lo tenían los medios. Poco después, el documento apareció publicado en elplural.com y Lobato uso el publicado en su comparecencia.
Esta filtración de la Fiscalía implica al núcleo duro de Moncloa, porque ha quedado despejada la gran duda de si el equipo de Sánchez manejó o no esa comunicación secreta entre González Amador y el fiscal. Lo hizo y, además, se la dio facilitó a Lobato, quien fue a una notaría en septiembre -seis meses después- a dar fe de los mensajes que intercambió con Sánchez Acera para protegerse; un movimiento político que desató una crisis en el socialismo madrileño que terminó provocando su caída.
Todo este lío surge a raíz de una nota informativa que la Fiscalía de Madrid remitió a los periodistas de tribunales el 14 de marzo para desmentir unas informaciones publicadas la noche anterior y que apuntaban que la Fiscalía había ofrecido un pacto a Alberto González Amador, en el marco de la investigación abierta contra él por dos delitos fiscales. Esta noticia sentó como una bomba en Fortuny, desde se movilizaron rápidamente para desmentirla.
De esta forma, primero que hicieron fue solicitar los correos al fiscal del caso y, después, elaborar una nota de prensa con el contenido de los mismos. La orden de recabar estas comunicaciones entre el fiscal Salto y el abogado de González Amador la dio el fiscal general. Él mismo García Ortiz lo confirmó en un escrito remitido al Tribunal Superior de Justicia, al que trasladó que la responsabilidad de los hechos era suya, pero que actuó para desmentir un bulo.
García Ortiz señaló además que no se reveló ningún secreto porque dichas comunicaciones privadas entre fiscal y abogado ya se habían filtrado previamente en algunos medios de comunicación, en referencia a la Cadena Ser, que en la noche del día anterior a los hechos ya avanzó en una información en su versión digital que «el novio de Ayuso ofreció a la Fiscalía llegar a un pacto declarándose culpable».
El problema es que cuando Lobato y Sánchez Acera comentaron la estrategia de ataque a seguir en contra de Ayuso y esta le pidió que usara la filtración, aún no se había publicado íntegro el documento en ningún medio de comunicación, y eso es lo que refleja la UCO en su informe.
