La Ley de Memoria Democrática que quiere sacara adelante el Gobierno de Pedro Sánchez, ha sufrido el prime revés importas tras la advertencia del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) de que el texto vulnera la libertad de expresión y explica que la apología franquista de las fundaciones está amparada por la ley siempre que no se humille a las víctimas.
«La apología del franquismo, sin el requisito adicional del menosprecio o humillación a las víctimas, constituye la expresión de ideas, que aunque contrarias a los valores proclamados por la Constitución, están amparadas por la libertad de expresión» precisan los magistrados en su informe.
Los ponentes, Roser Bach, magistrada de la Sección de Apelación Penal del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, y Wenceslao Olea, magistrado de la Sala Tercera del Tribunal Supremo, se refieren en concreto a la disposición adicional quinta de la Ley de Memoria Democrática, que establece como causa específica de extinción de las fundaciones «la apología del franquismo o la incitación directa o indirecta al odio o violencia contra las víctimas del golpe de Estado, de la guerra o del franquismo, por su condición de tales».
Para ellos es «más adecuado que sean los órganos administrativos creados en materia de memoria democrática, y no por el protectorado, los competentes para dirigir la solicitud de extinción de la fundación al juez», por lo que se debe precisar la redacción del precepto.
Además, recuerdan que la incitación al odio contra las víctimas se manifiesta con expresiones que «el legislador puede limitar» en la medida en que afectan la dignidad de estas víctimas, haciendo también referencia a que en la Ley se incluya como nueva causa general la extinción de fundaciones que «no persigan fines de interés general o realicen actividades contrarias al mismo»por lo que pide su supresión.
En el texto de la propuesta de Ley también se tipifica como infracción muy grave la falta de adopción de medidas para impedir la realización de «actos contrarios a la memoria histórica», es decir, aquellos que «entrañen descrédito, menosprecio o humillación de las víctimas o de sus familiares, y supongan exaltación personal o colectiva de la sublevación militar, de la guerra o de la dictadura, de sus dirigentes, participantes en el sistema represivo o de las organizaciones que sustentaron el régimen dictatorial que los jueces consideran que consideran que este tipo de actos «debería de consigurarse de un modo más omnicomprensivo», siguiendo el espíritu de resoluciones aprobadas por el Parlamento Europeo.
En su conclusión final, los magistrados entienden que el anteproyecto «respeta el marco constitucional» al perseguir la protección del derecho a la dignidad y respeto de las víctimas y de sus familiares frente a mensajes que les menosprecien, humillen o desacrediten, aunque advierten que el texto puede dar lugar a una tutela «asimétrica» de la dignidad de las víctimas de otros hechos constitutivos de violaciones de derechos humanos acaecidos en el periodo histórico contemplado por el legislador, que no resultaría compatible con el igual respeto y consideración que merece todo ser humano por el hecho de serlo.
Además, la definición de concepto de víctima de la guerra civil y la dictadura que contempla la Ley de Memoria Democrática se mueve en «un plano estrictamente administrativo de reconocimiento, protección y resarcimiento de las víctimas», ya que es «doctrina jurisprudencial bien asentada que el derecho a conocer la verdad histórica no forma parte del proceso penal«, un informe que será debatido en El Pleno del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) estudiará el próximo lunes 7 de junio la propuesta de informe.
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