Este martes ha sido publicado por el BOE, el nuevo Proyecto de Ley de medidas urgentes para la prevención y contención de la Covid-19, aprobada por el Congreso de los Diputados el 18 de marzo , y denominada cómo la la ley de la «nueva normalidad».

Esta nueva imposición que entrará en vigor mañana y que perdurará hasta el final de la pandemia, traerá como consecuencia el uso obligatorio de la mascarilla, en cualquier espacio público abierto o cerrado, aunque haya la «famosa» distancia de seguridad 1,5 metros. Esta medida no afectará a los menores de 6 años, ni a los que tengan una acreditación especial, para su no uso.

Explicaba el documento, que tampoco será exigible «en el caso de ejercicio de deporte individual al aire libre, ni en los supuestos de fuerza mayor o situación de necesidad o cuando, por la propia naturaleza de las actividades, el uso de la mascarilla resulte incompatible, con arreglo a las indicaciones de las autoridades sanitarias».

En cuánto a los medicamentos considerados esenciales en la gestión de la crisis sanitaria ocasionada por la COVID-19, se ha transmitido que los fabricantes y distribuidores de los mismos tendrán la obligación de comunicar a la Dirección de la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS) el ‘stock’, previsiones y cantidades suministradas.

Carolina Darias, ministra de Sanidad, mostraba su apoyo a esta medida y señalaba que «está llamada a ser una fuente de conocimiento para aquellos que tengan que tomar decisiones similares en el futuro».

Siguiendo esta misma línea, Guillermo Díaz, de Ciudadanos celabraba la realización de esta nueva ley aludiendo que «no podemos volver a enfrentarnos a una pandemia con reales decretos, salvo para matizar una norma que ya exista».

Laura Márquez, de Unidas Podemos, también expresaba su gratitud, pero recordaba que «es necesario abordar el problema de la temporalidad en la investigación científica», explicando así que es fundamental una nueva política y soluciones para este ámbito.

La diputada ‘popular’ Ana Pastor, criticaba que dicho documento no contuviese ninguna de las 45 propuestas enviadas por su grupo (oposición). Argumentaba que «nunca antes el parlamento había sido tan ninguneado como en esta legislatura. Los decretos se han convertido en la norma, como ha ocurrido con ésta. No han aceptado ninguna de las 45 enmiendas de mi grupo».

Dichas declaraciones fueron, finalmente respondidas por la diputada socialista Carmen Andrés Añón, quién defendió que las peticiones del PP «pretendía una regulación exhaustiva de todas las situaciones posibles e imposibles de prever, y de esta manera maniataría al Consejo Interterritorial en su toma de decisiones», estando así muy lejos de ser catalogadas como norma,