La nueva reforma educativa de la Lomloe, también conocida como «ley Celaá«, no incluirá en su texto que el castellano sea la lengua vehicular en la enseñanza de nuestro país, ni tampoco aparecerá como que es lengua oficial del Estado Español.
Así se ha acordado este jueves en el grupo de trabajo de la Comisión de Educación del Congreso, que ha concluido sus reuniones tras cinco sesiones estudiando y votando las más de 1.160 enmiendas parciales al proyecto de la nueva ley de educación Lomloe.
El proyecto de reforma inicial no recogía en un principio esta opción, al establecer que “las Administraciones educativas garantizarán el derecho de los alumnos y las alumnas a recibir enseñanzas en castellano, lengua oficial del Estado, y en las demás lenguas cooficiales en sus respectivos territorios”, así como que “el castellano y las lenguas cooficiales tienen la consideración de lenguas vehiculares, de acuerdo con la normativa aplicable”.
Las enmiendas que afectan al castellano y a los centros concertados que separaran por sexo han sido sendas transacciones entre PSOE, Unidas Podemos y ERC. La enmienda sobre el castellano ha salido adelante con 26 votos a favor, 16 en contra, y el PNV se ha abstenido, tras una tensa polémica donde el PP, Cs y Vox hayan anunciado que interpondrán recursos ante el Tribunal Constitucional, al considerar que supone que el Español, deje de ser la lengua oficial del Estado.
Con esta enmienda, se elimina del proyecto la referencia a las lenguas cooficiales como “lenguas vehiculares” y al español como “lengua oficial del Estado” y es que según el portavoz de Unidad Podemos, Pablo Echenique “lo de que el español sea “lengua vehicular” se lo inventa el PP en la LOMCE )(o más conocida como Ley Wert) y lo saca adelante con el rodillo de la mayoría absoluta, sin hablar con la comunidad educativa» por esta nueva ley “lo que hace es algo tan sencillo como volver a la situación anterior».
Por su parte desde la oposición ya se ha anunciado su recurso ante el Tribunal Constitucional porque es “una cesión al chantaje nacionalista absolutamente inadmisible y una clara vulneración de la Constitución”.
