El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha presentado este martes en el Consejo de Ministros, su «Plan de Acción por la Democracia» que pretende amordazar a todos aquellos medios de comunicación que se muestran críticos con su gestión y que están destapando casos de presunta corrupción de implican a su Gobierno, su mujer Begoña Gómez y de su hermano, algo que ya anunció tras aquel periodo de reflexión que llevó a cabo durante cuatro días tras conocer que su mujer estaba imputada por tráfico de influencias y de corrupción en los negocios.

Un plan aprobado por el Consejo de Ministro, que tendrá que ser aprobado por el Congreso de los Diputados, donde no tiene garantizado el apoyo de momento, que atenta claramente contra la libertad de prensa, el derecho a la información y contra los límites de la libertad de expresión.

Según han informado los ministros Félix Bolaños y Ernest Urtasun, la coalición de Gobierno compuesta por PSOE y Sumar, impulsará hasta 31 medidas bajo el eufemismo de «regeneración democrática» que, entre otros aspectos, pretende definir qué es un medio, creará un registro con su financiación, controlado por la Comisión Nacional del Mercado de la Competencia, un organismo que no está compuesto por profesionales de los medios de comunicación y que no es independiente al ser elegido por los partidos en la Cámara Baja y que controlará el reparto de publicidad institucional.

De esta forma el Gobierno de Pedro Sánchez será el que decida «qué es un medio de comunicación» y «quiénes son los verdaderos profesionales» del periodismo, una entre en vigor este plan con la justificación de evitar lo que denominan «bulos» que menoscaban la calidad de la democracia.

«El régimen actual que protege el honor de las personas es un régimen que ha quedado obsoleto. En el año 82 y en el 84 no se podía prever el ecosistema que tenemos hoy de medios y la forma en que se producen lis bulos. Por eso, queremos que los tribunales puedan dar una respuesta ágil y efectiva», ha explicado Bolaños, sobre uno de los aspectos que se quiere reformar.

El ministro también ha avanzado una tercera reforma, se trata de reforma integral del Código Penal para acotar los delitos de injurias contra instituciones del Estado, así como de ofensa al sentimientos religioso.

El Gobierno quiere que los medios de comunicación tengan el deber de publicar con carácter anual el volumen de inversión publicitaria que reciben por parte de todas las administraciones públicas de «forma visible, clara e independiente».

El Ejecutivo de Pedro Sánchez también pretende reformar la ley de publicidad institucional para que los sistemas de medición audiencias cumplan «criterios de transparencia» para que no falseen sus datos de audiencias y hacer así «más justo» el reparto de la publicidad y sobre todo lo que el Gobierno considera «pseudomedios» no reciban financiación. 

Además se pondrán límites a los ingresos que las administraciones pueden destinar a los medios «para que no haya medios impulsados directamente por ellas», según ha explicado el ministro de Cultura, Ernest Urtasun.

El Gobierno de Sánchez, también reforzará los órganos de propaganda e intentará comunicarse con los ciudadanos saltándose el control del principal intermediario entre los hechos y los ciudadanos, como son los medios de comunicación.

«El Gobierno en particular tiene que tener mayor contacto con la ciudadanos para que sea más fácil conocer todas las medidas que adoptamos para mejorar las condiciones de vida. Por eso, vamos a desarrollar una nueva estrategia de gobierno abierto e impulsaremos una Proposición de Ley de Administración Abierta» señalaba Félix Bolaños.