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jueves, septiembre 29, 2022

La Generalidad aprueba un decreto que rechaza la orden judicial del 25% en Castellano en las escuelas

La Consejería de Educación tendrá la potestad de validar y asumir "la responsabilidad sobre la legalidad" de los proyectos lingüísticos de los centros educativos para proteger a las escuelas y a los docentes

La Generalidad de Cataluña, en manos de los independentistas catalanes, ha decidido asumir, a través de un decreto ley, la responsabilidad sobre la legalidad de los proyectos lingüísticos de los centros educativos públicos y concertados catalanes, para proteger así a los directores de los colegios ante la sentencia del TS JC de la obligatoriedad del 25% en castellano, por lo que dotará a la consejería de Educación de esas atribuciones.

Según la Generalidad, se pretende así defender un modelo sin cuotas fijas, por es el decreto establece que el catalán es el «centro de gravedad del servicio público educativo de Cataluña» y establece como criterio la «inaplicación de parámetros numéricos, proporciones o porcentajes en la enseñanza y el uso de las lenguas», por lo que se rechaza el porcentaje uniforme de impartir el 25% de materias en lengua castellana que marca el TSJC.

Según el Decreto Ley del catalán en los centros educativos, el departamento de Educación habrá evaluado previamente los proyectos lingüísticos, que deberá diseñar cada escuela e instituto en base a su realidad cultural y sociológica, fijando los criterios aplicables en la elaboración, aprobación, validación y revisión de los proyectos lingüísticos de los centros educativos.

En una reunión extraordinaria, con un único punto en el orden del día, el Gobierno independentista catalán, ha aprobado este decreto ante la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) que obliga a impartir como mínimo el 25% de materias en castellano en todos los colegios catalanes a partir del próximo 1 de junio.

La portavoz de la Genralidad, Patricia Plaja, ha señalado que el objetivo del decreto es «proteger a las direcciones de los centros y al modelo de escuela catalana de las injerencias judiciales».

El decreto defiende la «diversidad cultural y lingüística del alumnado», insiste Plaja, señalando que «la realidad heterogénea de los diferentes centros del sistema educativo de Cataluña imposibilita la aprobación de una regulación monolítica que imponga un tratamiento uniforme de las lenguas en todo el territorio».

«En primera instancia corresponde a cada centro efectuar el análisis de los factores sociales y culturales del entorno que deben servir de base para elaborar el proyecto lingüístico», señala el texto aproado, aunque la consejería de Educación «debe validar y velar por garantizar que el proyecto lingüístico se ajusta a la legalidad».

La validación de los proyectos lingüísticos, el decreto establece que, «sin perjuicio de la autonomía de los centros educativos», la consejería de Educación «debe validar, en un periodo no superior a 30 días que el proyecto lingüístico se adecua a la normativa vigente e instar su modificación en caso contrario».

Por ello, el proceso de validación por parte de la consejería demoraría hasta el próximo curso la aplicación de los planes lingüísticos. En este sentido, el decreto reconoce que la «necesidad extraordinaria y urgente de aprobar este decreto ley radica en la exigencia de contar de forma inmediata y con la antelación suficiente con el marco normativo adecuado para poder preparar el próximo curso escolar 2022-23″.

EL PSC NO LO APOYA

Los socialistas catalanes ya han avisado que no apoyarán el decreto de la Generalidad sobre el catalán en la escuela y así lo ha señalado la viceprimera secretaria del PSC Lluïsa Moret, que ha avisado que este decreto «si tiene la voluntad de esquivar o de incumplir sentencias», en referencia a la del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) que obliga a impartir un 25% del horario lectivo en castellano.

Moret ha asegurado que los socialistas catalanes no han conocido el contenido del decreto hasta su presentación a los medios -el Govern lo ha aprobado este mismo lunes-, y ha sostenido que «esta propuesta de decreto es una improvisación del Govern para esquivar la sentencia del TSJC».

Por su parte el portavoz de Junts, Josep Rius, ha avisado este lunes de que el decreto ley del Govern «no frenará la justicia española, decidida a acabar con el modelo de inmersión», después de que su contenido rechace la aplicación de porcentajes en el uso de lenguas ante la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC), que obliga a impartir un 25% de clases en castellano.

«Estamos ante operación de estado para acabar con el modelo de escuela catalana. Los tribunales volverán a atacar la escuela catalana, pero se encontrarán con un gobierno independentista dispuesto a plantar cara», ha finalizado Rius.

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