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lunes, mayo 20, 2024

La Fiscalía pide 27 años de cárcel a los CDR acusados por terrorismo y pone un palo en la rueda de la amnistía

Los ERT, "habrían superado la actividad dentro del respectivo CDR y conformado una organización terrorista paralela, de carácter clandestino y estable, cuyo objetivo sería el de llevar a cabo acciones violentas o atentados contra objetivos previamente seleccionados"

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La Fiscalía de la Audiencia Nacional ha puesto un palo en la rueda de la amnistía de Sánchez a los independentistas catalanes, al solicitar este viernes entre 8 y 27 años de cárcel por terrorismo para doce miembros de los Comités de Defensa de la República (CDR) que están siendo investigados por pertenecer a una facción radicalizada de estos grupos que planeó acciones violentas en 2019 en Cataluña.

El fiscal Miguel Ángel Carballo, sostiene que los acusados se integraron en un Equipo de Respuesta Táctica (ERT) una «organización terrorista paralela» a los CDR «de carácter clandestino y estable». y por ello solicita 8 años por pertenencia a organización terrorista a Ferrán Jolis, Xavier Buias, David Budria y Clara Borrero. A los ochos restantes, Eduardo Garzón, Esther García, Sonia Pascual, Queralt Casoliva, Germinal Tomás, Alexis Codina, Jordi Ros y Rafael Joaquín Delgado, les solicita hasta 27 años de prisión al añadirle estragos y fabricación de sustancias y aparatos explosivos de carácter terrorista.

Según el escrito de la Fiscalía, su objetivo sería «llevar a cabo acciones violentas o atentados con explosivos y sustancias incendiarias» y es que la Guardia Civil, en el 2019, se incautó en sus domicilios de componentes de explosivos con los que pretendían elaborar artefactos.

participaron en la creación y desarrollo de los CECOR (centro de coordinación) para las acciones de los CDR, asumiendo el encargo recibido de un denominado ‘CNI Catalán’ para que aportasen la infraestructura logística necesaria con el objeto de acometer una acción en la que pretendían ocupar el Parlamento de Cataluña» y planificaron acciones violentas contra las consejerías de Interior y Justicia, cuarteles de la Guardia Civil y un centro logístico de Amazon de la localidad de Martorelles (Barcelona).

«De este modo, nos encontramos ante grupos compuestos por una pluralidad de personas que tendrían como objetivo subvertir el orden constitucional de forma material, mediante una estrategia planificada y organizada. Dicha intención se manifiesta a través del rechazo a seguir los cauces legalmente establecidos por el Estado de Derecho para las reivindicaciones políticas y sociales», señala el Fiscal.

Y añade que «los acusados conformaban una estructura jerarquizada, con reparto de roles y especializaciones, dotada de los medios adecuados y vocación de permanencia para la comisión de hechos delictivos como los que se describen, aprovechándose de los contactos propiciados en el seno de la militancia en los CDR, se constituyeron en una célula que elevaba la intensidad y la naturaleza de las acciones llevadas a cabo, a un nivel superior».

Los ERT, todos ellos «habrían superado la actividad dentro del respectivo CDR y conformado una organización terrorista paralela, de carácter clandestino y estable, cuyo objetivo sería el de llevar a cabo acciones violentas o atentados contra objetivos previamente seleccionados utilizando para ello los explosivos y/o sustancias incendiarias fabricados en los dos laboratorios clandestinos que la propia organización tenía instalados en dos domicilios particulares».

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