La Fiscalía Europea ha decidido entrar de lleno en la trama de las mascarillas destapado en España al decir abrir investigación en relación a los contratos que Francina Armengol y Víctor Torres que llevaron a cabo en el «caso Koldo». que investiga la Audiencia Nacional.

Desde la Fiscalía se justifica ya que recibir una denuncia de un particular en relación a los contratos de mascarillas, verificó su competencia, por lo que ha decidido inicia una investigación por los presuntos delitos de malversación de caudales públicos, prevaricación y tráfico de influencias, al utilizarse fondos europeos.

Un total de cuatro contratos que Soluciones de Gestión firmó con Canarias y un quinto con Baleares por poco más de 10 millones de euros serán los investigado por la Fiscalía Europea, al haberse costeado, al menos en una parte, con fondos europeos, por lo que requerido información a la Audiencia Nacional y también a diferentes agencias encargadas de gestionar la financiación con la UE, según explican en una nota emitida a última hora de la tarde de este lunes.

«En función de la información recabada se tomó la decisión de iniciar formalmente la investigación por los presuntos delitos de malversación de caudales públicos, prevaricación y tráfico de influencias«, señalan desde la Fiscalía Europea.

El 22 de abril de 2020, el Servicio de Salud Canario adjudicó tres contratos a la empresa vinculada al exasesor de José Luis Ábalos por un total de 7,2 millones de euros mientras que en mayo firmó un nuevo contrato para adjudicarse el suministro de mascarillas.

Un año después de efectuar las compras y cuando ya sabían que parte de la partida era inservible, la Comunidad que en aquel momento presidía el actual ministro Víctor Ángel Torres reivindicó que los gastos de estas mascarillas se cubrieran con fondos europeos destinados a las ayudas, como son el Programa Operativo FEDER 2014-20.

Parecido caso ocurrió, según la UCO, con el contrato que llevó a cabo el Gobierno Balear con esta misma empresa de la trama de las mascarillas, Soluciones de Gestión, donde en la investigación judicial se señala que el material llegó a finales de abril mientras que el contrato se firmó después, en mayo de ese año, y no se había acordado la tramitación de emergencia para la compra de las mascarillas.

Hay que recordar que la denuncia que llega a la Fiscalía Europea la interpuso el abogado y exfiscal Ramiro Grau, quien a la vez también advirtió de estos hechos al Gobierno y a la Fiscalía Anticorrupción, a través de una misiva.