La Fiscalía de la Comunidad de Madrid, ha pedido imputar al juez que investiga el caso de Begoña Gómez, Juan Carlos Peinado, por prevaricación, tras la querella interpuesta por la Abogacía del Estado, en un escrito remitido a la Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Madrid indicando en un escrito que «no se puede descartar a priori» que los hechos «revistan naturaleza penal», tras la denuncia de Pedro Sánchez por su citación como testigo e el caso de su mujer.
En la querella de Sánchez, presentada como secretario general del PSOE contra el juez Peinado, se hace alusión a un presunto delito de prevaricación por su actuación ante la citación de como l Presidente del Gobierno, testigo, y la decisión del magistrado de tomarle declaración en el Palacio de la Moncloa.
Para la Abogacía del Estado el instructor incurrió en irregularidades por «aplicación incorrecta de la ley» al no permitir que el líder socialista declarase por escrito, conforme al artículo 412.2 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal.
Según el criterio de Abogacía, Peinado tendría que haberle citado en calidad de Presidente del Gobierno y no como marido de Begoña Gómez, al entender que la forma de proceder del instructor es incompatible con el objetivo último de dicha citación, de tal forma, que si el juez pretendía tomarle declaración en su domicilio, no se entendería las diligencias acordadas por la presunta comisión de un «delito de influencias en cadena» y el objetivo de investigar todos los actos, conductas y comportamientos de Begoña Gómez desde que su esposo es presidente del Gobierno, tal y como recoge el juez en su auto del 2 de julio.
La Fiscalía no valora si la forma de organizar la declaración del presidente Sánchez incurre o no en un delito de prevaricación, pero sí considera que los elementos expuestos en la querella no permiten descartar su admisión a trámite, aunque apunta a la «falta de una fundamentación jurídica razonable distinta a la voluntad de su autor» que justifique la decisión del instructor de desplazarse hasta el Palacio de La Moncloa.
El juez Peinado se enfrenta a tres querellas, la interpuesta por Begoña Gómez, la Abogacía del Estado y otra por el periodista Máximo Pradera. Por el momento, el TSJM ya ha registrado ambos escritos a la espera de que sean admitidos a trámite. En el caso de la querella presentada por la esposa del jefe del Ejecutivo, el magistrado José Manuel Suárez Robledano ha sido el ponente designado por turno de reparto de la Sala. Francisco José Goyena, el juez encargado de remitir ante el Supremo la exposición razonada contra el fiscal general, Álvaro García Ortiz, por la querella del novio de Ayuso, ha sido el magistrado que deberá firmar la ponencia a favor o en contra de admitir a trámite la querella presentada por Pedro Sánchez.
La defensa de Begoña Gómez defiende que el juez pudo cometer un delito de revelación de actuaciones procesales al entender que «la causa fue de conocimiento general para toda la ciudadanía desde el 24 de abril» pese a estar declarada secreta. Según el letrado Antonio Camacho, la consecuencia fue que su representada no pudo contar con «todas las garantías para su defensa», ya que tuvo conocimiento «de los avatares de su proceso por los medios de comunicación».
