La Asociación Profesional de la Magistratura (APM) ha remitido una carta a la presidenta de la Comisión Europea, Úrsula Von der Leyen, alertando de los ataques que se están vertiendo desde el Gobierno contra el juez Juan Carlos Peinado, por la investigación que está llevando a cabo sobre Begoña Gómez, mujer de Pedro Sánchez, por tráfico de influencias y corrupción en los negocios.

En su misiva, la asociación mayoritaria de jueces da a conocer que los ataques vertidos en contra de Peinado en las últimas semanas «no son asumibles en una democracia plena» y señalan que desde el Poder Ejecutivo y el Legislativo debe evitarse socavar la confianza de los ciudadanos al Poder Judicial.

«Nuestro ordenamiento jurídico tiene mecanismos suficientes para cuestionar las decisiones judiciales (…). Lo que no cabe ni puede admitirse, en modo alguno, es el ataque personal al juez instructor -incluso a su familia-, las acusaciones veladas de prevaricación o le intento de darle instrucciones sobre decisiones que debe adoptar en el procedimiento», reza el comunicado.

La APM explica que «las resoluciones judiciales están sujetas a crítica y que la libertad de expresión es necesaria y enriquece el debate de la ciudadanía y su formación en valores democráticos» y el ordenamiento jurídico español «tiene mecanismos suficientes para cuestionar las decisiones judiciales pudiendo interponerse por quienes son parte en el procedimiento los recursos que estimen oportunos si entienden que una resolución no es ajustada a Derecho».

«Sin embargo, lo que está sucediendo en las últimas semanas excede de lo asumible en una democracia plena, donde debe existir un respeto a la independencia judicial y a las actuaciones de los jueces, debiendo evitarse por parte del Ejecutivo y del Legislativo socavar la confianza de los ciudadanos en el Poder Judicial. Así lo ha recordado la propia Comisión Europea en el informe sobre la situación de Estado de Derecho en nuestro país que conocimos la pasada semana», afirman los jueces.

En su carta, la APM avisa que «lo que no cabe ni puede admitirse, en modo alguno, es el ataque personal al juez instructor, –incluso a su familia–, las acusaciones veladas de prevaricación o el intento de darle instrucciones sobre qué decisiones debe adoptar en el procedimiento, indicando que procede el archivo o que ‘aquí no hay nada de nada’».

Concluyen la nota indicando que «Esperamos que estos ataques injustificados y estas críticas furibundas cesen y confiamos en que el Consejo General del Poder Judicial que ahora comienza su andadura, cumpliendo su papel constitucional, defienda y ampare a los jueces en su independencia».