La Asociación de Fiscales (AF), que es la mayoritaria en la carrera, ha exigido la dimisión del Fiscal General del Estado, Álvaro García Ortiz, por la filtración de los correos en el caso del presunto fraude fiscal cometido por la pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, en un hecho calificado de gravísimo por parte del Fiscal del caso.

La asociación, ha emitido un comunicado en el que reclama el «deber de sigilo» que la Fiscalía debería tener y consideran vulnerada por las «indeseadas filtraciones de las conversaciones sobre negociaciones en la búsqueda de una conformidad de las partes«, en relación a los emails mantenidos con los abogados del investigado, Alberto González Amador.

En dichos correos, los abogados reconocían los hechos y proponían un arreglo, pero el Fiscal General, Álvaro García Ortiz dio el visto bueno a revelar estos correos en respuesta a las acusaciones tras la filtración de otra comunicación en la que trataba de demostrar que era el ministerio público el que había ofrecido un acuerdo con la pareja de Ayuso, que según el jefe de gabinete de la Presidenta madrileña, se había retirado «por orden de arriba».

«De haberse producido la filtración por algún miembro de la Fiscalía, se habría vulnerado de forma grave, como mínimo, la ética que debe presidir su actuación» y señalan a García Ortiz como «máximo responsable» de los hechos, señalan en su nota los Fiscales.

Por eso, para los Fiscales «ante la actuación que daña gravemente el prestigio y la imagen del Ministerio Fiscal, la AF exige la inmediata dimisión del Fiscal General del Estado cómo máximo responsable de estos hechos».

Por su parte, la Unión Progresista de Fiscales (UPF), de claro signo de izquierdas, ha mostrado su «rotundo apoyo» a la Fiscalía de Madrid y ha pedido no «instrumentalizar» a la institución en la «lucha político-mediática», presente en este caso con el find e desgastar la imagen de Ayuso.

Añaden que la información que aportó la Fiscalía de Madrid es «aséptica, objetiva, respetuosa con los derechos de la defensa y dirigida a defender el principio de imparcialidad» de la institución que representan.

Aún así, consideran que la nota de prensa de la Fiscalía excedió «en mucho» su obligación de informar y causó un «perjuicio evidente» a la pareja de Ayuso.

En aquella nota de prensa, la Fiscalía explicaba que el pacto de conformidad fue propuesto por González Amador el 2 de febrero. Días más tarde, el fiscal tomó nota de la voluntad del investigado y ya en marzo remitió a su abogado la denuncia que había interpuesto en el juzgado contra él y cuatro personas «para facilitarle el derecho de defensa».

Asimismo, el Colegio de la Abogacía de Madrid ha sacado también un comunicado catalogando de «extrema gravedad la revelación de datos por parte de la Fiscalía Provincial de conversaciones» mantenidas con abogado de Alberto González Amador.