El actual delegado del Gobierno de Madrid, Francisco Martín Aguirre, ha citado a declarar como investigado por el juez Peinado que investiga el caso de Begoña Gómez, a por su presunta participación en la contratación de Cristina Álvarez como asistente de la mujer del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez .
El auto dictado por el titular del Juzgado de Instrucción Nº41 de Madrid, señala que Martín tendrá que acudir a declarar el próximo 14 de mayo a las 13:30 horas por su presunto papel en la pieza separada de la causa, tras haber admitido a trámite de forma parcial la querella que el 20 de enero presentó Vox.
Peinado precisa que acumula dicha querella a la causa en la que investiga a la esposa del presidente del Gobierno, Begoña Gómez, por presunto tráfico de influencias, corrupción en los negocios, apropiación indebida de marca e intrusismo.
El juez le atribuye un posible delito de malversación de caudales públicos «por su aparente participación en el nombramiento de Cristina Álvarez Rodríguez, para el ejercicio de funciones privadas de Begoña Gómez Fernández, con cargo a los presupuestos generales del Estado, y por tanto con fondos de naturaleza Pública».
En julio de 2021, el actual Delegado del Gobierno en Madrid, Francisco Martín, la mano derecha del actual ministro de Justicia, Félix Bolaños y el encargado de llevar a cabo estas contrataciones. Sin embargo, el juez instructor no ha visto indicios de delito ni en la actuación de la mujer del presidente ni en la de su asesora, ambas investigadas en la causa central, tal y como argumentaba Vox en el escrito presentado.
Bolaños, una vez conocida la decisión del juez Peinado, ha cuestionando las diligencias que está llevando a cabo indicando que «esta instrucción ya no es motivo de preocupación para la gente honesta y con la conciencia tranquila que se está viendo afectada. Es motivo de preocupación máxima para todos los que defendemos el buen nombre y la imparcialidad de los jueces y magistrados de nuestro país».
Además horas antes, ha emitido un auto en la que ha ordenado a la Universidad Complutense de Madrid que, en el plazo de 10 días, le informe sobre la manera en la que contrato a Blanca de Juan de Castro la coordinadora del Máster de Transformación Social Competitiva que dirigía la mujer del presidente del Gobierno, Begoña Gómez.
También ha solicitado saber dónde tenía su puesto de trabajo, las funciones que realizaba, cómo se había llevado a cabo el proceso de selección, cuál era su retribución y con cargo a qué partida presupuestaria. Con esta nueva petición, el magistrado busca conocer si Gómez cometió presuntos delitos de tráfico de influencias, corrupción en los negocios, apropiación indebida de marca e intrusismo.
