Comienza la guerra contra el poder judicial tras la querella presentada ante el Tribunal Supremo este viernes por Sumar contra el Presidente y los vocales del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) que firmaron el pasado 6 de noviembre un texto contra la futura Ley de amnistía que «vulnera la división de poderes».

En su denuncia, Sumar, acusa estos jueces de incurrir en un presunto delito de prevaricación administrativa, que conlleva inhabilitación para ejercer cargo público, por promover una resolución «ilegal», «arbitraria» que a su entender excede las competencias del CGPJ.

Concretamente la querella va dirigida contra los vocales del CGPJ, Carmen Llombart, José Antonio Ballestero, Gerardo Martínez-Tristán, Juan Manuel Fernández, Juan Martínez Moya, José María Macías, Nuria Díaz Abad y María Ángeles Carmona, además de Wenceslao Olea, que votó a favor, así como posiblemente el presidente, Guilarte, que votó en blanco, como cooperador necesario al permitir la convocatoria del Pleno que aprobó el texto contra la amnistía, todos ellos pertenecientes al denominado ala conservador.

En su querella al Supremo, Sumar, atribuye a los jueces atribuciones que corresponde exclusivamente al Tribunal Constitucional, al pronunciarse sobre una proposición de ley cuando el texto normativo ni siquiera existía ni estaba registrado señalando que supondría la «abolición» del Estado de Derecho y les acusa de querer mandar a la ciudadanía «un mensaje apocalíptico que sólo puede contribuir a una mayor crispación social».

Para Sumar esta resolución del CGPJ «descalifica e imputa conductas gravísimas» al jefe del Ejecutivo, que podrían ser calificadas como «desconsideración entre instituciones», contradiciendo incluso lo que marca el CGPJ en sus resoluciones previas respecto al Poder Judicial.