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jueves, mayo 23, 2024

Golpe judicial a Sánchez al anular el TS el nombramiento de Valerio al frente del Consejo de Estado y el CGPJ declarar «no idóneo» al Fiscal General del Estado

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La guerra de los jueces contra Pedro Sánchez está en marcha tras la decisión del Tribunal Supremo de anular el nombramiento de Magdalena Valerio como presidenta del Consejo de Estado y el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) declara como «no idóneo» la renovación de Álvaro García Ortiz como Fiscal General del Estado.

Por un lado la Sala de lo Contenciosos-Administrativo del Tribunal Supremo ha anulado el nombramiento de Magdalena Valerio como presidenta del Consejo de Estado al entender los magistrados que no reúne todos los requisitos que exige la ley para el cargo al no cumplir con la exigencia de que sea «jurista de reconocido prestigio» por lo que aunque tiene una «sobresaliente trayectoria» no sirve para tenerla como jurista de reconocido prestigio.

Una decisión que viene adoptada tras la denuncia interpuesta por la Fundación Hay Derecho por la que se anula el Real Decreto de 31 de octubre de 2022 por el cual se nombró a Valerio presidenta del Consejo de Estado al no cumplir íntegramente lo requerido en el artículo 6 de la Ley Orgánica del Estado.

En dicho artículo se señala que «el Presidente del Consejo de Estado será nombrado libremente por Real Decreto acordado en Consejo de Ministros y refrendado por su Presidente entre juristas de reconocido prestigio y experiencia en asuntos de Estado», requisito este último que no cumple.

Ante esto la sentencia indica que «el tenor literal del artículo sexto es cristalino: son dos las condiciones que debe reunir quien asuma la presidencia de este órgano. No hay excepción, ni matización, ni preferencia de la una sobre la otra. Y la razón de ser de ambas es distinta pero concurrente: asegurar que quien esté al frente del Consejo de Estado reúna la doble cualificación que quiere el legislador. Es decir, prestigio jurídico y conocimiento experto de los asuntos de Estado».

«La notoria y sobresaliente trayectoria de doña Magdalena Valerio Cordero –ministra, diputada, consejera, teniente de alcalde, concejal, entre otras responsabilidades públicas– sin duda alguna acredita su profunda experiencia en asuntos de Estado, pero no sirve para tenerla por jurista de reconocido prestigio. Su currículum vitae muestra una carrera funcionarial meritoria, pero de ella no se puede deducir la pública estima en la comunidad jurídica que implica el prestigio reconocido», reza la sentencia.

Ante ello «es un juicio en Derecho y debemos realizarlo mediante la aplicación del concepto judicialmente asequible que el mismo legislador ha querido del texto incluir en la Ley Orgánica 3/1980. Pues bien, de acuerdo con cuanto hemos explicado, no se ha acreditado que la Sra. Valerio Cordero reúna el requisito de ser una jurista de reconocido prestigio exigido por el artículo sexto de dicho texto legal aunque sí cuente con amplia experiencia en asuntos de Estado», finaliza la sentencia.

EL CGPJ VE «NO IDÓNEO» AL FISCAL GENERAL DEL ESTADO

Por su parte El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ha considerado «inidoneo» –por 8 votos en contra de la adecuación de su perfil, 7 a favor del mismo y la abstención del vocal Enrique Lucas– que Álvaro García Ortiz continúe durante cuatro años más al frente del Ministerio Público.

En la decisión oficial ha pesado de manera «muy evidente» la reciente anulación del Supremo al nombramiento efectuado por García Ortiz, durante la anterior etapa de su mandato, a favor de su predecesora Dolores Delgado como fiscal de Sala Togada de lo Militar del Alto Tribunal, según ha podido saber el digital El Debate.

«No tanto por el sentido de la resolución, en sí misma, sino por las razones por las que se anuló», señalan fuentes a este digital, es decir una clara «desviación de poder» de García Ortiz para favorecer a quien le nombró para su cargo en detrimento de otros candidatos con mejor perfil.

Una cuestión a la que haya que añadir que el máximo responsable «de la defensa de la legalidad» en nuestro país haya «dado muestras de pasividad en la defensa de los fiscales ante las acusaciones de lawfare» que, al menos los cuatro al frente de la causa del procés, han recibido en las últimas semanas desde que se conociera la inclusión del término en los acuerdos suscritos entre el PSOE Junts para la investidura de Pedro Sánchez.

La renovación del fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, se sometía, en un trámite preceptivo, pero no vinculante, al filtro del Pleno del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) convocado para este jueves, pese a que el magistrado Wenceslao Olea había solicitado que se señalase «un nuevo Pleno» para tratar dicha cuestión «con tiempo legal suficiente».

Así las cosas, tanto este último como sus compañeros Carmen LlombartJosé Antonio BallesteroFrancisco Gerardo Martínez Tristán, Juan Manuel FernándezJosé María Macías CastañoNuria Díaz Abad y Mª Ángeles Carmona han descartado la posibilidad de prestar su apoyo a la figura de García Ortiz. En el bloque opuesto, el de la izquierda judicial, Álvaro Cuesta, Pilar Sepúlveda, Mar Cabrejas, Roser Bach, Clara Martínez de Careaga y Juan Martínez Moya, junto con el presidente interino Vicente Guilarte, han decidido avalar al fiscal general confirmado por el Gobierno.

Por su parte el magistrado Enrique Lucas Murillo de la Cueva se ha apartado de la votación al entender que no debía participar en la misma para preservar su «apariencia de imparcialidad» por cuanto su hermano, el juez del Supremo Pablo Lucas,

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