El fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, le ha mandado un «recado» a PP y Vox en el Senado donde ha presentado la memoria de la Fiscalía del año 2024, tras señalar en su intervención “imagínense que yo tuviera en mi terminal los datos de ustedes o de algunos de sus familiares y se filtrasen”.
García Ortíz además ha defendido que tenía derecho y obligación de borrar los chats y correos de sus dispositivos para proteger los datos de los que es «custodio» en la comisión de Justicia del Senado.
«Por lo tanto, borro tanto porque es mi derecho a disponer de mi intimidad, como porque cumplo las previsiones legales para proteger mis datos y los datos de los que soy custodio», señalaba García Ortiz.
El Fiscal General del Estado ha insistido ante los senadores que borra «regularmente» los datos contenidos en su teléfono móvil, al tiempo que ha aclarado que su cuenta personal de correo electrónico no la borró al calor del inicio de las pesquisas en su contra, el pasado octubre, sino «el 27 o el 28 de diciembre» ante «el acoso» que asegura haber vivido después de que se revelaran sus datos personales.
NO PIENSA DIMITIR
A pesar de las constantes peticiones por parte de la oposición de que presente su dimisión, García Ortiz se niega a renunciar al cargo asegurando que le sería «mucho más cómodo» dejar su cargo pero que no lo hace porque cree que eso dejaría en una situación de «debilidad» a la Fiscalía y a su sucesor, y que esto sería utilizado por criminales como el terrorismo o el narcotráfico.
«Desde el punto de vista personal, para mí sería más cómodo marcharme» ha verbalizado, antes de decir que «yo no me aferro a ningún cargo». García Ortiz ha defendido que «yo creo en la institución que defiendo y por eso me quedo en ella».
El jefe del Ministerio Público tiene claro que si dimitiera, «estaría haciendo una concesión a los delincuentes, una concesión a otras personas», y «y eso sí podría colocar a la Fiscalía General en una situación de debilidad».
El fiscal general ha asegurado que «ante el riesgo de dispersión interpretativa» se debe «poner en valor la encomiable labor que realiza la Fiscalía en la unificación de la interpretación del ordenamiento jurídico» para la «aplicación igualitaria de la ley, a la espera de la labor unificadora que le corresponde al Tribunal Supremo».
«La igualdad, la justicia y la seguridad jurídica son presupuestos de un Estado de Derecho» ha señalado El máximo responsable de los fiscales además de «valores» que a las instituciones, incluida la Fiscalía, les corresponde «preservar».
Por último García Ortiz ha afirmado que la institución que dirige está «siempre abierta a cambios y a asumir nuevos retos para mejorar la eficacia de la justicia y la prestación del mejor servicio público, en una fascinante y compleja España, plural y democrática«.
