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viernes, marzo 29, 2024

Fracaso de los ICO que sólo han avalado el 0,3% de los 10.000 millones que el Gobierno puso en créditos tras la guerra

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De un nuevo fracaso se puede calificar la medida con mayor dotación económica para apoyar a empresas y autónomos afectados por la guerra en Ucrania que ha llevado a la crisis de precios energéticos donde movilizó 10.000 millones en avales del Instituto de Crédito Oficial (ICO), para paliar las consecuencias económicas de la guerra de Ucrania, que se aprobó el 29 de marzo, y de los que tan sólo ha avalado un 0,3% de los mismos (30,5 millones).

El fin de dichos avales era facilitar el acceso de empresas y autónomos a la financiación concedida por las entidades financieras contando con el respaldo del Estado español.

Una vez puestos en marcha, en junio, Economía comenzó a conceder los primeros avales tras el visto bueno de la Comisión Europea, pero lo cierto es que cuatro meses después y a falta de dos meses de que acabe la línea, sólo se han concedido garantías por un importe de 30,5 millones, apenas el 0,3% de los 10.000 millones que se reservaron, según consta en los Presupuestos que el Ejecutivo español envió a la Comisión Europea.

Lo cierto es que esta nueva línea de créditos avalados por el ICO no han tenido casi repercusión entre otra cosas porque no son las mismas circunstancias que durante la pandemia y porque los requisitos de elegibilidad y sobre todo la documentación exigida es prácticamente inasumible para las empresas.

Y es que el Gobierno endureció los criterios de todas estas líneas tras la primera puesta en marcha de los créditos ICO, que se vio como se agotaban con rapidez, y que contó con muchas críticas porque se temía que el capital estuviera llegando a las denominadas ‘empresas zombies’ que luego han desparecido.

Según el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, su Ejecutivo ha aprobado seis reales decretos y nueve paquetes de medidas con un coste total de 35.000 millones, alrededor de un 2,9% del Producto Interior Bruto (PIB).

Cifras que no avalan ni el Banco de España ni la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) acomo así reflejan en sus últimas previsiones económicas que se han conocido estos días. 

El Banco de España y la AIReF cifran el coste de las medidas (tanto por la reducción de ingresos con las rebajas fiscales a la luz como por el aumento de gastos que implican otras ayudas y subvenciones) en 16.000 millones de euros, un 1,6% del PIB, menos de la mitad de lo anunciado por Sánchez.

Según el Plan Presupuestario enviado a Bruselas «la mayor rebaja de impuestos sobre la energía de la historia, con un impacto de más de 10.000 millones de euros desde que se implementaron en junio de 2021».

Pero las estimaciones tanto del BdE y la AIReF apuntan a que las medidas fiscales en realidad tendrán un coste próximo a los 4.000 millones para el Estado este año, como así ha reconocido la propia ministra de Asuntos ·Económicos y Transformación Digital, Nadia Calviño, aunque el Ejecutivo ha reconocido ante Bruselas que ingresará 331.188 millones de euros en 2022, un 11,8%, más que hace un año, a través de los impuestos.

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