Finalmente PSOE y PP han alcanzado este martes un acuerdo para renovar el Consejo General del Poder (CGPJ) cinco años y medio después de que caducara su mandato y es el líder de los populares, Alberto Núñez Feijóo, no ha aguantado la presión que se venía ejercitando tanto por el Gobierno de Pedro Sánchez, como de los medios de comunicación afines y de la propia Comisión Europea, e incluso de la propia Sala de Gobierno del Tribunal Supremo, que emitió un comunicado este lunes instando a ambas formaciones a firmar el acuerdo.

De esta forma ambos partidos, representado en Bruselas por el ministro de Justicia, Félix Bolaños, y el vicesecretario de Institucional del PP, Esteban González Pons, han acordado la «renovación inmediata del CGPJ y la aprobación simultánea de una reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial», que ahora tendrá que ser «refrendadas en la misma sesión plenaria del Congreso de los Diputados, en el mes de julio».

Según el acuerdo, PSOE y PP han acordado «una composición absolutamente equilibrada del CGPJ, que contará con veinte nuevos integrantes», 10 conservadores y 10 progresistas, un nuevo órgano de gobierno de los jueces que será el encargado de redactar un proyecto de ley que avance hay «un nuevo modelo de participación directa y de votación para que los jueces puedan elegir a sus representantes en el CGPJ».

En el PP, se muestran satisfechos porque «el Gobierno no podrá señalar al presidente del Tribunal Supremo: por primera vez en la historia serán los nuevos vocales del Consejo los que escojan al magistrado que presida el Alto Tribunal«. Algo que se hará por un mínimo de 12 votos a favor y sin candidatos sugeridos por parte de los partidos políticos. Otro de los puntos incluye la prohibición de lo que el PP denomina casos Dolores Delgado; es decir, la prohibición expresa de que un ministro pueda ser fiscal general del Estado y además no pueda emitir sentencias en los dos años siguientes a dejar el cargo.

Feijóo ha decidido firmar este acuerdo a pesar que la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, se había manifestado en contra este fin de semana a que se cerrara este pacto entre PSOE y PP, incluso este martes desde Frankfurt (Alemania) señalando que la separación de poderes es «fundamental» y que el Poder Judicial no puede estar «al servicio de ningún gobierno».

Este acuerdo, abre la puerta ahora a para acometer otras renovaciones de inminente necesidad, como en el seno del Banco de España, en el Consejo de Administración de RTVE, en la Comisión Nacional del Mercado de la Competencia (CNMC), la futura Comisión Nacional de Energía o el magistrado del Tribunal Constitucional aún pendiente de renovar en el Senado.

Ayuso mandaba un mensaje claro al indicar que «La seguridad jurídica es sagrada. En Madrid defendemos instituciones fuertes, garantes, con los mejores funcionarios al frente y no activistas políticos».

La Presidenta madrileña tiene claro que controlar el Poder Judicial es «el último recurso que les queda a quienes pierden la prosperidad, a quienes tienen un problema extraordinario o a la hora de dirimir asuntos que debería hacerse con gran celeridad», y para evitar eso «hace falta una Justicia ágil, moderna, que sea un poder y que no esté al servicio de ningún gobierno».

Lo cierto es que la Justicia tiene a Pedro Sánchez, su mujer, su hermano y al propio PSOE, en el punto de mira, y poder tener controlado el órgano de los jueces es vital para el líder socialista en estos momento que amenazan con poner contra las cuerdas seguir en La Moncloa.