Hasta cinco exministros socialistas, varios eurodiputados de esta formación política y catedráticos del Tribunal Constitucional, entre otros, cargado contra del objetivo del Gobierno de Pedro Sánchez de modificar el delito de sedición y malversación que tiene planteado en el Congreso de los Diputados.

En un manifiesto que han suscrito, dado a conocer este lunes por la Asociación para la Defensa de los Valores de la Transición, integrada por personas de distinta procedencia política, pretenden exhortar a los diputados a que reflexionen sobre la gravedad de estos cambios, propuestos por el Ejecutivo de Pedro Sánchez, que claramente benefician a los líder independentistas catalanes del «procés».

Entre los 400 firmantes de este manifiesto se encuentran los exministros José Luis Corcuera, César Antonio Molina, Julián García Vargas, Virgilio Zapatero y Javier Sáenz Cosculluela, y exdirigentes del PSOE, como Francisco Vázquez o Nicolás Redondo, en el que denuncian el proceder del Gobierno y la tramitación legislativa elegida para «prescindir» de los pertinentes informes de los máximos órganos consultivos y de debates sobre «un problema jurídico de tanta trascendencia».

Rechazan las actuaciones del Gobierno de coalición PSOE-U.Podemos, al entender que su objetivo es «obtener a cualquier precio el apoyo parlamentario de los separatistas y de los que están contra la Constitución».

Además, advierten al Ejecutivo de que cambiar los delitos de sedición y malversación supondrá «un estímulo para atentar contra la Constitución y el ordenamiento jurídico democrático vigente».

Y advierten que con estos cambios, se deja impune la desviación de caudales públicos para realizar actos contra el Estado y la integridad territorial, lo cual considera «más lesivo aún que el lucro personal». 

Igualmente califica de «burla» hablar de ‘desinflamación del conflicto catalán’ cuando todos los condenados «han declarado hasta la saciedad que volverán a intentarlo«.

Por último, niegan que la Unión Europea haya exigido reformar el delito de sedición en España, tal y como defiende el Gobierno, y menos su sustitución por un delito de desórdenes públicos, y Ssubrayan que los hechos ocurridos en 2017 «no fueron desórdenes sino un desafío al poder legítimo y al orden constitucional» e insiste en que pactar la redacción del decreto «con los delincuentes» carece de homologación en Europa.